Coletazos del No de Londres a Uber

La máxima autoridad de transporte público de Londres, Transport for London, TfL, sentenció que “el enfoque y la conducta de Uber demuestran una falta de responsabilidad corporativa en relación con una serie de temas que tienen implicancias potenciales para la seguridad pública”. Su decisión no tiene unos coletazos distintos a que la popular plataforma tecnológica (¿compañía de transporte y logística?) perdió su licencia para operar en una de las capitales más importantes del mundo; decisión que dejó sin trabajo a unos 50.000 conductores que hicieron de la polémica aplicación una forma de vida desde hace más de cinco años. El regulador condena la conducta de Uber y señala que de su actividad se desprenden riesgos para la seguridad pública y que no renovará su licencia cuando expire el próximo 30 de septiembre. La empresa de tecnología estadounidense se ha visto envuelta en miles de escándalos alrededor del mundo. Ha sido señalada por sindicatos y legisladores en todos los países donde ha llegado por competencia desleal, inseguridad, evasión de impuestos y prácticas temerarias, entre otros señalamientos. Nadie duda de la innovación desatada por esta plataforma y que de ella se han multiplicado centenares de copias en varias ciudades, incluyendo Bogotá, Cali o Medellín; pero el punto de discusión no es si es una grandiosa innovación disruptiva en el transporte urbano, o si es un típico servicio de transporte, una empresa de transportadores varios o solo una plataforma tecnológica, el punto ahora tiene que ver con los derechos que tienen los trabajadores indirectos de Uber en las ciudades en donde opera. Esta situación es susceptible de analizarse desde varias ópticas: la primera puede abordarse desde las palabras del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien dijo que respaldaba la decisión de la autoridad de transporte porque “todas las empresas en Londres deben cumplir con las normas y con los altos estándares que esperamos, particularmente cuando se trata de la seguridad de los clientes”. Es decir, primero está la seguridad de un consumidor que paga por un servicio, en este caso un usuario que es transportado por una empleado directo o indirecto que una multinacional. No solo se trata de pagar un seguro bajo los parámetros del sistema financiero, sino cumplir con todas las normas que se les exige a las empresas de transportes especializadas y al servicio ordinario de taxis. El otro punto de vista tiene que ver con la seguridad de sus trabajadores (los nuevos taxistas) en término de seguridad social, riesgos profesionales y protección para casi 80.000 que se cuentan en un país como Colombia. No es un secreto que los transportadores “uberistas” se han proliferado gracias a los ingresos que reciben y al tenor de ser sus propios jefes, ingresos que no tienen retenciones para riesgos profesionales, salud y pensiones, mucho menos Uber les brinda los beneficios de una caja de compensación. Ahora, la discusión de Uber no es solo si es legal o ilegal la plataforma que utiliza para que la gente se transporte; si es una empresa de tecnología o de transporte; si paga o no impuestos en el país, la espina dorsal del asunto es que debe ser una compañía que tenga un principio de institucionalidad donde opere; que no crezca en el desorden que impera en la movilidad de nuestras ciudades subdesarrolladas; que no se beneficie de la informalidad que domina el mercado laboral colombiano. Empresas como Uber y sus similares como Cabify, EasyTaxi, Tappsi y las que nazcan deben respetar un mínimo de institucionalidad, ayudar a formar país, velar por sus empleados y sobretodo pagar impuestos como las normas lo indican.