Cerrando 2013 y pensando en 2014

Lo que se hizo, se hizo, y lo que no, ya no se hará, es una máxima apropiada para esta época del año al comenzar la última quincena de 2013, hora de hacer balances de los 12 meses y también  proyectar los planes y proyectos para 2014, año que sin duda traerá cosas muy importantes como la elección de Presidente de la República para el período 2014-2018 y la renovación del Congreso.

Dentro de un normal pragmatismo, primero hay que decir que el año que termina fue uno muy bueno para el país y su economía, aunque resulten lunares evidentes como la recesión industrial, las evidencias falencias en el modelo agrario y la “parada” que ha tenido la locomotora minera, que hace dos años mostraba señales de convertirse en un verdadero motor del desarrollo, como lo pregonaba el plan de desarrollo del Gobierno Nacional.

Pero por encima de esas consideraciones sectoriales, hay políticas que influyen en forma determinante en el clima de los negocios y en la confianza de los agentes económicos y sociales, que hubiera gustado verlas cristalizar en este año que termina porque sin duda son temáticas que determinan el rumbo del país, hacia un mayor bienestar colectivo. Colombia está reclamando una reforma a fondo de la justicia en sus distintas áreas, que incluye mecanismos que permitan una recuperación de la confianza en las instituciones que la manejan y despeje dudas que impiden el funcionamiento del aparato institucional o que están llevando a enfrentamiento inconveniente entre los distintos órganos, que de una u otra manera imparten justicia. Desafortunadamente, por razones conocidas, el intento que se hizo para hacer la reforma quedó truncado por la poca transparencia en el trabajo legislativo.

Una segunda reforma trascendental que quedó en el tintero fue la de la educación, la cual tampoco logró salir adelante por motivos distintos a la primera. Un proyecto liderado por el Gobierno no logró ser socializado acertadamente entre los distintos actores y los estudiantes radicalizaron las posiciones, lo cual llevó finalmente al ejecutivo a desistir del intento. 

Finalmente, lo que ha ocurrido con el tema de la salud, resulta muy preocupante. Desde hace casi dos lustros se ha venido planteando la necesidad de ajustar el modelo de la Ley 100, en el entendido que aunque ha aumentado la cobertura, los requerimientos y calidad del servicio se han deteriorado y de otro lado el esquema financiero parece haber hecho crisis en particular en la relación que tienen entre si los actores principales, las EPS y las IPS públicas y privadas. A eso se agrega las denuncias sobre manejos irregulares que incluye la discusión acerca de si los recursos de la salud pueden ser catalogados como públicos proviniendo de los aportes de patronos y trabajadores.