sábado, 16 de noviembre de 2019

Las protestas en Chile lograrán modernizar su constitución, pero no han puesto en jaque a su modelo económico, tampoco hay candidatos presidenciables pescando en río revuelto

EditorialLR

A pesar de la convulsión social que experimenta Chile, las cosas que están sucediendo hacen presagiar que todo mañana será mejor que el pasado. El pasado octubre quedará reseñado en la historia del país austral como un tiempo de cambio durante el cual se inició la modernización de su vieja Constitución aprobada el 11 de septiembre de 1980 durante la larga dictadura de Augusto Pinochet. Esa carta magna estaba marcada por las que le precedieron de los años 1833 y 1925, ambas escritas al calor de las guerras civiles y de los sucesivos golpes de Estado.

El espíritu de la última, la de Pinochet, era proteger y perpetuar el modelo chileno con toda suerte de amarres institucionales que impedían verdaderas transformaciones de fondo, como las que exigen las multitudinarias movilizaciones sociales octubrinas.

El presidente Sebastián Piñera ha facilitado el diálogo abriendo una puerta impensable en cualquier momento electoral y logrando que la politización de las desigualdades, más la demanda de transformaciones profundas de una sociedad movilizada se conviertan en un proyecto de país del siglo XXI; esa apertura política a cambiar a Chile y convertirlo en un verdadero país desarrollado, antes de 2030, no se lograba bajo la institucionalidad vigente.

Es un verdadero ejemplo de manejo de una situación de crisis que puede capitalizarse como una oportunidad de crecimiento colectivo.
El modelo económico de Chile, que hasta hace un par de meses era calificado de “milagro”, no va a cambiar en su estructura, pues nadie puede ser tan miope de desconocer los avances de su economía en el concierto internacional, ni mucho menos se van a nacionalizar empresas tal como lo hizo Venezuela en su momento o lo sigue haciendo Argentina. Chile seguirá siendo la quinta economía de la región por su tamaño -muy por debajo de Colombia- pero tendrá el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica con cerca de US$20.000, una cifra que lo ha hecho brillar y le pone la exigencia de salvar la llamada “trampa del ingreso medio”, que mucho tiene que ver con los orígenes de las protestas sociales.

La discusión de la primera Constitución política chilena en su historia, en un entorno completamente democrático, pondrá al país austral de excelente comportamiento económico a la vanguardia de las economías emergentes, convirtiéndose en el empujón que necesitaba para hacer parte antes de 2030 de los países llamados desarrollados, un estadio de evolución que ningún país ha logrado desde hace tres décadas, pues los últimos que accedieron a ese grupo selecto de unas 30 naciones fueron los otrora llamados “tigres asiáticos”. Pese a que los propagadores de la protesta social que recorre el continente ponen a Chile como ejemplo de los resultados de la insurrección social, se equivocan en el punto de llegada a donde irá a detenerse esta llamada primavera latinoamericana; por el simple hecho de que Chile no va a dar vuelta atrás en su modelo de libre mercado, de grandes exportaciones, de mínima intervención del Estado y de respeto absoluto por el derecho a la propiedad privada. Hay mucho que aprender sobre lo que está sucediendo en la región y no se puede comparar con milimetría lo ocurrido en Quito y La Paz con el cambio constitucional que ya se ha logrado en Santiago.

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