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Industria, Sociedades, Notariado y Financiera han demostrado probidad en sus ejercicios y deben continuar.
¿Por qué arreglar algo que no se ha dañado? Esa parece ser la cuestión que surge durante estos días de transición de Santos I a Santos II, caracterizada por la voracidad burocrática de quienes piden cargos insistentemente. Es normal y aceptable que senadores y ex presidentes exijan representatividad en el Ejecutivo si se la jugaron por la reciente reelección, como también es válido destacar funcionarios quienes han hecho bien su papel, se han destacado y deben mantenerse en los cargos, pues sobre sus espaldas recaen temas de profundo calado como el caso Interbolsa, los carteles de precios, la legalización de tierras, entre otros temas de agenda pública. Volvemos a las preguntas: ¿quiénes serían los más felices de que cambiaran al superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, al de Industria, Pablo Felipe Robledo, a Jorge Enrique Vélez en Notariado y a Gerardo Hernández en la Financiera?
La respuesta es simple: los embargados en el caso Interbolsa; los empresarios que hicieron carteles de precios; los paramilitares que robaron tierras a los campesinos y las entidades financieras que mutan de cuando en cuando pirámides. Esos son los tres públicos que festejarían la salida de los superintendentes Vélez, Robledo, Vélez y Hernández, pues han sido unos personajes que han recobrado para estas instituciones de control y vigilancia el buen funcionamiento del Estado. Casi siempre estas dependencias fueron oficinas entregadas a un politiquero que las llenaba de empleados incompetentes quienes negociaban las investigaciones. Si nos damos a la tarea de revisar el desempeño de los últimos años de estas entidades de vigilancia y control nos encontraremos con dependencias temidas, serias y probas en el ejercicio de la ley.
Claro que tienen detractores de peso desde el frente de los bufetes de abogados que se han hecho contraparte de los acusados, investigados o sancionados, pero si vemos más allá del pleito momentáneo, encontraremos que esta vez, como pocas veces, el Estado ha sido eficiente en el control de las empresas, la vigilancia del sector financiero y muchos otros males que se visten de legalidad. Poco a poco nos vamos despidiendo de los ‘súper de bolsillo’ que dedicaban la mayor parte de su tiempo a recibir hojas de vida de apadrinados de congresistas o a tertuliar con bufetes de abogados, a un estadio de desarrollo legal superior, en la que las cabezas de vigilancia son respetados y son fieles a las normas del derecho. Hay fuertes presiones para que los ministros cambien a los superintendentes más espinosos y en los pasillos de la Casa de Nariño se comenta el tema a gritos, pero bien estuviera que el Presidente mirara cada caso en detalle y no interrumpiera procesos peligrosos con el cambio de las cabezas que investigan y vigilan.
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