sábado, 6 de junio de 2020

Durante las últimas semanas el país ha experimentado una autentica incontinencia de decretos para atender la emergencia económica y sanitaria, mucha letra menuda

EditorialLR

Siendo fiel a su naturaleza la República de Colombia fue testigo durante las últimas ocho semanas de una auténtica incontinencia ejecutiva expresada a través de un sinnúmero de decretos adoptados para atender la emergencia económica y sanitaria derivada del covid-19. El problema no son los decretos en sí mismos ni el alcance esperado, sino que los ministros, directores de entidades públicas y superintendentes tratan de activar o agilizar políticas públicas por medio de órdenes especiales bajo el mantra de “comuníquese y cúmplase”.

Pocos sectores se han escapado de la lluvia de decretos diseñados para todo y por todo, muy fieles a la naturaleza santaderista de los gobernantes locales que signan sus gestiones de la mano de docenas de abogados; ahora, esta avalancha de iniciativas legales pasarán a la Corte que observará en detalle su exequibilidad y la verdadera justificación de motivos versus sus alcances o impacto en la solución de los problemas invocados. En muy pocos países de la región, los gobiernos dedicaron gran parte de la cuarentena a decretar, decretar y decretar, más bien se concentraron en ahorrar en el Estado central para optimizar recursos y poder destinar más dinero del presupuesto a las necesidades sanitarias; otra buena parte del tiempo la destinaron a buscar financiación para estructurar la defensa nacional contra el virus que poco a poco pasa a segundo plano ante el nuevo gran problema que es la crisis económica que ha surgido como efecto colateral.

Incluso algunos ministros revivieron cosas que se habían caído en el Plan Nacional de Desarrollo para meterlos en forma de decreto en medio de la emergencia económica y sanitaria, una jugada que se ha observado, pero que le corresponderá a la Corte afinar su mirada para identificar qué tiene que ver con el covid-19 y que estaba incluido en las ideas del plan de gobierno inicial. Hay toda una suerte de reformas laborales exprés, de tributarias a medias y de atisbos de rediseños pensionales; eso sin contar con regímenes especiales y todo un revolcón al calendario tributario nacional y regional. Mucha letra menuda que atender y desenredar.

Es importante entender como país que lo importante no es dictar decretos, hacer leyes, ordenanzas o acuerdos, sino ejecutar y cumplirlos. El país está lleno de iniciativas jurídicas sin sentido, de decretos que no se aplican o que llegan tarde y de todo un arsenal normativo regional que nadie conoce. Así como el crecimiento económico no se decreta, los problemas no se solucionan con decretos ni leyes; es menester que los gobernantes lideren con foco en las regiones o en los sectores económicos para poder salir adelante de vicisitudes como la del coronavirus. No puede ser que si a un funcionario se le pregunta qué hizo por el país durante la pandemia su respuesta no sea otra que decretos a diestra y siniestra. Lo peor es que mucha de la letra menuda de la cascada de decretos tiene intereses de lobistas políticos o empresariales que quieren pescar en río revuelto. Todas las crisis se convierten en oportunidades para reinventar cosas, pero no puedan ser capturadas por oportunistas que ven en el drama una ocasión para reacomodarse, mover fichas, y por supuesto, sacarle partido a la situación. De esta situación curiosamente se va a salir, pero por el empuje de la sobrevivencia de las personas.

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