jueves, 27 de octubre de 2016
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Nada más importante para la actual coyuntura que un ministerio público esté a la altura y borre las viejas prácticas. 

 

Colombia es un país que lucha permanentemente para que sus instituciones más preciadas sean solo eso: instituciones dignas y con absoluta credibilidad que le generen confianza a los ciudadanos. Robustecer la institucionalidad es uno de los retos más importantes que tiene la construcción del Estado. Si bien la figura de Procurador General de la Nación data de los comienzos de la república, muy en los albores del siglo XIX, la institución en sí misma se vuelve trascendental en la Constitución de 1830 y se fortalece más en la de 1991, con una gran independencia de los tres poderes. Su rol va más allá de velar para que los gobernantes y funcionarios públicos cumplan a cabalidad su mandato. Y cada día cobra más importancia prevenir las irregularidades cometidas por quienes administran el erario público, para no solo quedarse en investigar, sancionar, intervenir esos procederes, sino lograr que el trabajador público sea un hombre sin manchas y muy admirado. 

Fernando Carrillo, el nuevo procurador que ejercerá el cargo hasta 2021, debe garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil, tal como la Constitución lo exige. Debe olvidarse de las persecuciones políticas e ideológicas desatadas por algunos de sus recientes antecesores. Carrillo, quien consiguió casi la totalidad de los votos de los senadores tiene la obligación de no caer en la tentación de usar esta herramienta de vigilancia y control para satisfacer ambiciones de quienes lo apoyaron. Contar con tal cantidad de respaldos de senadores le da la tranquilidad de ser ecuánime y empezar por revolcar la presente Procuraduría que se había convertido en un cuartel de perseguidores de quienes no eran afectos ideológicos de la pasada administración del ministerio público.

Su papel en atacar el flagelo de la corrupción es enorme en momentos en que este problema ocupa el primer lugar en los males nacionales. Recordemos que la Procuraduría General, además de la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales,  componen la batería de entidades que tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las  leyes por parte de los servidores públicos y,  para ello, deben hacer valer sus atribuciones de Policía Judicial. Carrillo tiene una oportunidad de oro para rescatar a esa entidad de la desconfianza política en la que se había sumido en los últimos años, y para ello cuenta con respaldo masivo y con la experiencia muy probada en el ejercicio público. Fue varias veces ministro, constituyente y embajador y ahora manejará una de las instituciones más valiosas para la democracia con el objetivo de llevarla a otro nivel de desarrollo. Somos optimistas de su papel y del respaldo conseguido. Ahora solo no tiene que ser inferior a la confianza depositada. 

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