¿Qué tan mala es la justicia colombiana?

A algunas personas no les gusta que las midan. Por ejemplo, a los maestros colombianos, quienes se niegan a dejarse evaluar para recibir ascensos en el escalafón (el 90% se rajan). O el gobierno venezolano que hace tres meses no publica cifras de inflación, (que según los entendidos superará este año los tres dígitos). 

Es evidente que lo que no se mide no se puede ni evaluar, ni controlar, ni mejorar. Por eso en los últimos años ha proliferado un sinnúmero de rankings e indicadores que miden el avance comparativo a unas naciones con otras, en diversos aspectos de su funcionamiento y desempeño.

Desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Índice de Desarrollo Humano de la Naciones Unidas, hasta el Doing Business del Banco Mundial o el Índice de Paz Global de The Economist, existe una verdadera avalancha de datos comparativos cada vez más utilizados por inversionistas, académicos y políticos para tomar decisiones de inversión y de política pública. 

Recientemente el World Justice Project, una ONG dedicada a la promoción del “rule of law”, un particular concepto anglosajón traducido insuficientemente al español como el “imperio de la ley” o como “estado de derecho”, publicó por primera vez el “Rule of Law Index”, o Índice del Imperio de la Ley.

El ejercicio incluyó a 102 naciones y midió 8 indicadores: restricción a los poderes gubernamentales, gobierno abierto, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, seguridad y orden, efectividad regulatoria y justicia civil y penal. Cada una de ellas a su vez se subdividió en numerosas variables como por ejemplo, “acceso a mecanismos alternativos de disputas” o “que los funcionarios de la rama judicial no utilicen el servicio público para ganancia privada”.

En otras palabras el índice mide a profundidad y de manera objetiva el funcionamiento de la justicia en un determinado país. 

En el nuestro, la nación de Jorge Pretelt y Alberto Rojas, del “yo me elijo, tu me eliges”, del Consejo Superior de la Judicatura, de los 78 días de paro judicial, del carrusel de pensiones y de los procesos verbales sumarios que duran 15 años, los resultados no podían ser buenos.

Y efectivamente no lo son. Son regulares tirando a malos. En el indicador global  quedamos en el puesto 62 entre 102. Entre los países de ingreso medio alto en el lugar 20 entre 31 y en Latinoamérica en el 9 entre 19. Nuestra calificación global es de un muy mediocre 0,5, donde el mejor fue Noruega con 0,87 y el peor (adivinen) fue Venezuela con 0,32, inclusive debajo de paradigmas autoritarios como Afganistán o Zimbabue. 

Los indicadores donde mejor salimos librados tienen que ver con la restricción a los poderes gubernamentales (0,55), gobierno abierto (0,56) y derechos fundamentales (0,55) y los más malos con efectividad regulatoria (0,49), justicia civil (0,51) y penal (0,34). O sea, en la parte de la justicia que nada tiene que ver con la estructura burocrática de la justicia, sino con el gobierno nacional, no salimos tan mal. Pero en la parte de la justicia que tiene que ver con la rama judicial y con los jueces salimos pésimo.

Harían bien los críticos de la reforma al equilibrio de poderes, esos mismos que se han dedicado a llenar de sufragios los despachos anunciando la defunción de la justicia, en mirar este índice con detenimiento.  De hecho, los problemas de la justicia no son invento de la prensa o de unos políticos mal intencionados. Las encuestas reiteradamente demuestran el hastío de los colombianos con el funcionamiento de la rama y de sus componentes, incluyendo todas las altas cortes. 

Por primera vez tenemos una medición sofisticada y comparativa que debe servir de hoja de ruta para iniciar el proceso de cambio. Los miembros de la rama que justificadamente buscan su mejora no pueden seguir insistiendo en que todo es un problema de plata y que si les giran billones y billones todo va a estar bien. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Encontrémoslas más allá del celular del Ministro de Hacienda.