En el artículo anterior sobre la evolución de las microfinanzas nos planteamos la pregunta: ¿Qué sigue? Parte de la respuesta es: “inclusión”.
Según Tilman Ehrbeck, CEO de Cgap (Consultative Group to Assist the Poor), “la inclusión financiera es un ingrediente clave para el progreso económico y social. Más de 40 países en el mundo se han comprometido con los objetivos de la inclusión financiera por lo que se cuenta con viento a favor para fijar las políticas necesarias”.
El G-20 ha puesto en marcha un grupo de expertos que trabaja en la inclusión financiera; las Naciones Unidas designaron a la Princesa Máxima de Holanda como representante especial para el mismo fin; la administración de Obama busca ser líder global en esta área; el BID y el Fomin están concentrados en las zonas rurales y urbanas marginales desatendidas, y en los mercados fronterizos.
Otros grupos usualmente excluidos son las mujeres, las minorías étnicas, los discapacitados, los ancianos y los jóvenes de 15 a 24 años. Se calcula que la población total desatendida en el mundo supera las 2.000 millones de personas.
El desafío para muchos países a nivel mundial es lograr una inclusión financiera plena para 2020. Objetivo ambicioso pero no imposible que ya está siendo promovido a través de campañas como “Inclusión Financiera 2020” (FI2020) liderada por el Centro para la Inclusión Financiera de Acción (CFI), Visa y Citi, que busca acelerar la inclusión financiera a través del esfuerzo conjunto de compañías globales de servicios financieros y tecnología de los sectores público y privado.
Colombia no ha sido ajena a este proceso. La Superintendencia Financiera de Colombia, en su primer Reporte de Inclusión Financiera (mayo, 2012), analiza diversos indicadores de la inclusión financiera relacionados con dos de sus dimensiones: acceso y uso. En cuanto al acceso se resalta que mientras en 2006, 28% de los municipios no tenían presencia de entidades financieras, en 2011 este porcentaje había descendido a 1%. Entre los indicadores de uso, el de bancarización pasó de 51 a 63%, jalonado por factores de oferta y demanda. El producto con mayor número de usuarios son las cuentas de ahorro (18 millones de personas). En 2006 se creó el Programa Banca de Oportunidades como política pública del Gobierno Nacional, una alianza con el sector privado representado por instituciones financieras reguladas y no reguladas de primer piso para impulsar el acceso y promover el uso de metodologías y diseño de productos adecuados para la población de menores ingresos.
Hay consenso global en cuanto a la importancia de unas finanzas responsables que garanticen una inclusión financiera segura y equitativa para todos, donde la transparencia, la protección del cliente, la educación financiera, la regulación y el monitoreo se erigen en pilares básicos. La transparencia genera confianza y permite al cliente tomar decisiones informadas. La importancia de la regulación y el monitoreo de las instituciones microfinancieras se puso de manifiesto en el Foro Interamericano de Microfinanzas 2012. El Fomin espera que para 2015 al menos 450 IMF de América Latina y El Caribe presenten informes estandarizados de su situación financiera así como sus propios indicadores de desempeño social.
Nos unimos al llamado de Hillary Clinton de entregar herramientas de acceso al mercado financiero a los sectores excluidos, y especialmente a las mujeres quienes “son el motor del crecimiento económico de la economía mundial”.
