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No fue sorprendente que la Junta Directiva del Banco de la República durante su última reunión ubicara la tasa de referencia en 7% y, por primera vez, empinara las alzas que ha venido haciendo en las tasas de interés en medio punto porcentual en vez del cuarto de punto como había venido siendo lo habitual.
Tal como se había podido adivinar al leer las minutas de la Junta Directiva del Banco, su nerviosismo con relación al comportamiento de la inflación es evidente. Y no es para menos. La credibilidad del Banco de la República está en juego y por primera vez en varios años seriamente amenazada.
En términos anuales el índice de precios cerró en el mes de marzo en 8%. Y para los estratos más bajos de la población en 8,5%. Esta es la inflación más alta que registra el país en los últimos diez años. Y más que dobla, para este año, la meta que se había fijado el Banco de la República.
Desde luego el gran jalonador de la inflación han sido los alimentos que para el último año muestran un incremento de 12,3%. Pero la inflación sin alimentos tampoco ha estado dormida: viene creciendo a una tasa de 6,2% que es prácticamente el doble de la meta global anual fijada por el Banco Emisor.
Todas las esperanzas están puestas ahora en el segundo semestre, cuando los precios de los alimentos deben bajar con relación a lo que fue su comportamiento en el primer trimestre, debido al Fenómenos de El Niño y a la mayor tasa de cambio que afectó negativamente los precios de los alimentos importados. Los segundos semestres, cuando salen las cosechas, sueles ser menos bravos en términos inflacionarios que los primeros meses de todos los años.
De todas maneras las alarmas están prendidas. Es la primera vez en varios años que las metas de inflación fijadas por el Banco de la República se han vuelto añicos; y este año definitivamente no se van a cumplir, aún si ceden los índices de precios en el segundo semestre; y de ahí que la credibilidad del Banco Emisor esté en juego.
Pero, claro, no toda la lucha antiinflacionaria puede depender del Banco de la República, ni de sus niveles de tasas de interés de referencia cuando hay factores inflacionarios que no solo son de oferta (contratiempos con la oferta de alimentos en los primeros meses del año), sino también de demanda agregada en la economía en su conjunto.
De ahí que la política fiscal no puede seguir pasando de agache como ha sucedido hasta ahora. El déficit de las cuentas públicas en este año superará, según pronostica Fedesarrollo, 4% del PIB. Se necesita con apremio una mejoría sensible en los recaudos públicos, no solo para financiar los gastos del posconflicto, que se nos vinieron encima, sino para evitar que las agencias calificadoras nos degraden al no observar pasos concluyentes hacia una reforma tributaria estructural de la cual se ha hablado mucho pero que, hasta el momento, no aparece.
Y el tiempo apremia: hay que discutir y aprobar una reforma tributaria profunda en este año. Para que pueda empezarse a aplicar a partir del 1 de enero de 2017. De lo contrario, no solo la lucha contra la inflación sino la credibilidad de la política macroeconómica del país se verían gravemente comprometidas.
El momento es, pues, crucial. Hay que golpear con contundencia esa hidra de mil cabezas que es la inflación. No podemos dejar que se malogre un récord impecable que ha mantenido Colombia durante las últimas décadas sobre el control a la inflación.