La súper Superintendencia

Lo había dicho Adam Smith, el padre ideológico del capitalismo: “Los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en algún estratagema para aumentar los precios”.

Y lo confirman los cárteles de precios de los pañales, la vigilancia privada, el arroz, la publicidad, los cuadernos y quien sabe de cuantas cosas más, como la ha develado la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos años.   

Lo paradójico del asunto es que las mismas personas que defienden a capa y espada la economía de mercado son los mismos que no tienen ningún empacho en crear carteles de precios, en realizar prácticas predatorias o en restringir artificialmente la competencia. En otras palabras no tienen ningún empacho en acabar con el libre mercado, si les conviene.

Por eso mismo, una de las instituciones más importantes en una economía moderna es la autoridad de protección de la competencia que tiene como oficio principal proteger a los empresarios de ellos mismos, protegiendo de paso a los consumidores.

En Colombia la SIC carga con esta responsabilidad, que no es poca, y su efectividad como autoridad de competencia es cada vez más notoria y contundente. A decir verdad, los resultados de esta superintendencia son producto de un raro fenómeno en el estado colombiano: una institución que funciona.

A diferencia de lo que se piensa comúnmente, el éxito institucional no se debe a una sola cosa, por ejemplo, una buena ley, un buen funcionario, una buena coyuntura, buen apoyo político y mucho menos a un buen presupuesto. El éxito institucional es una mezcla de todas esas cosas, en el momento correcto, y manera continuada.

En el caso de la SIC, ley 1340 de 2009  creó un marco regulatorio adecuado que modernizó el sistema y, especialmente, le dio dientes afilados a la entidad. 

Sin embargo esto no es suficiente. Hay numerosos ejemplos en Colombia de buenas leyes que se quedan en buenas intenciones. 

El nombramiento de José Miguel De la Calle como superintendente le dio el primer gran impulso a proceso de transformación. Fue De la Calle quien se encargó, no solamente de iniciar las primeras investigaciones sobre carteles, sino de crear la infraestructura institucional adecuada para poner en funcionamiento el sistema. Durante su gestión se aumentó el presupuesto de la entidad, se profesionalizó la planta, se crearon nuevas delegaturas y se establecieron eficientes procesos administrativos y judiciales.

Su sucesor, a diferencia de muchos, no intentó reinventar la rueda, sino que se dedicó a construir sobre lo construido. Pablo Felipe Robledo, continúo con el desarrollo institucional y conformó un equipo directivo de primer nivel. Con valor civil y diligencia profesional, el doctor Robledo implementó los procesos de delación y escaló las investigaciones sobre prácticas restrictivas que han resultado en la visibilización del fenómeno.

Sobretodo, la labor de la SIC es un excelente ejemplo de la regla de oro de la supervisión: hay que ser selectivo para ser efectivo. En vez de derrochar recursos en cacerías de brujas, como lo han hecho en el pasado algunos órganos de control más interesados en titulares que en resultados, donde la SIC pone el ojo pone la bala.

Finalmente, hay que reconocer que nada hubiera sido posible sin el apoyo decidido y en todos los frentes del Presidente y de sus asesores más cercanos. Puede que esto moleste a los empresarios, quienes han empezado a tomarse los temas de competencia en serio, pero deben entender que la mejor forma de proteger el mercado es salvarlo de sí mismo.