jueves, 29 de agosto de 2013
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En las declaraciones de los dirigentes y participantes del paro agrario es común escucharles atribuir su desdichada situación a la firma de los TLC. Realmente resulta incomprensible que un acuerdo como el que se suscribió con la Unión Europea y cuya vigencia arrancó el primero de agosto del presente año haya causado, en escasos 20 días, tal catástrofe en el sector agropecuario. Ello, se asemeja más a  aquellas situaciones en las que ante la imposibilidad de comprender un fenómeno resulta mucho más fácil y tranquilizador atribuírselo a fuerzas sobrenaturales, como un dios o un demonio, que está enviando un castigo contra el que muy poco se puede hacer. En este caso, el demonio es el TLC. 
 
Sin embargo, el problema es mucho más complejo. Si mañana, como consecuencia de la negociación para levantar el paro, se aceptara la denuncia del TLC y terminara el país retirándose del convenio con los 28 países de la Unión Europea, dudo que la situación del agro colombiano sintiera una leve mejoría, antes por el contrario creo que la situación tendería a agravarse en el futuro inmediato. 
 
Para solucionar un problema debe actuarse sobre su causa real, de lo contrario nunca será posible una solución definitiva. En el caso del sector agrícola colombiano es menester reconocer que el problema no se origina en los TLC sino en la falta de una política agropecuaria que le permita al sector ser realmente competitivo. 
 
El país no ha definido que quiere hacer de su sector agrícola, cual ha de ser, por tanto, el modelo a desarrollar y cual la institucionalidad que se requiere para tal fin. 
 
En un mundo globalizado, como el actual y del cual difícilmente cualquier país se puede escapar, es imposible pretender producir eficientemente todos los productos; por ejemplo, para un país tropical, como es el caso de Colombia, es imposible alcanzar productividades como las que se logran en países con estaciones, en la producción de cereales como el trigo o la cebada, que requieren una luminosidad superior a las 12 horas diarias. 
 
En su política agrícola, el país, por tanto debe definir cuáles son las producciones que resultan viables y cuales no y actuar en consecuencia. 
 
Diferente es que en dicha política y respondiendo a consideraciones de seguridad alimentaria, el país decida apoyar unas producciones que no resultan eficientes, para ello, se debe calcular el costo de esta decisión y plasmarlo en el presupuesto nacional.
 
En la actualidad, el mundo está demandando energía y alimentos. Colombia que puede ser un jugador en este mercado internacional de alimentos, no ha definido, sin embargo, si quiere jugar o no. Para hacerlo debe definir un modelo de desarrollo agrícola que le permita producciones con economías de escala y estándares internacionales que lo vuelvan competitivo a nivel internacional. 
 
Definido lo anterior, se debe crear la institucionalidad requerida para llevar a cabo esta política. El país, sin embargo, no toma decisiones en esta materia y el único camino posible para seguir postergando la definición es “botarle” dinero, a través de subsidios, a todos aquellos sectores que manifiesten su inconformidad, sin avanzar en la solución real del problema. 
 
Un sector que ejemplifica claramente este fenómeno es el de la pesca. Un  país con dos océanos y una dotación continental de agua para un gran desarrollo acuícola no ha contado con una política pesquera que desarrolle su potencial y se ha quedado simplemente en el prohibicionismo y en la importación, incluso de especies nativas, para atender sus necesidades de consumo. Realmente, siempre resulta más fácil quedarse ladrándole a la luna de los TLC.