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La discusión de Cabify, Uber y otras aplicaciones siempre vuelve a un eje central que son los cupos. Para uno poder operar un taxi necesita tener un cupo regulado por los municipios, cupo que en el caso de Bogotá tiene un valor comercial que está por encima de $100 millones.
En Bogotá la Alcaldía ya no está emitiendo más cupos, por lo cual la única forma de tener un carro de lujo rodando sería chatarrizar un taxi amarillo y utilizar ese cupo para un carro de transporte de lujo. Algo que un empresario de la industria de taxis no está dispuesto a hacer para apostarle a la innovación.
El gran problema de los cupos es que están concentrados en pocas manos y menos del 10% de los propietarios de taxis son dueños del 90% de los cupos y de los vehículos. Por tanto estos grandes empresarios que, a parte de poder económico tienen altísima influencia política en el país, no tienen ningún incentivo de cambiar su modelo de negocio por uno en el que las exigencias frente a respeto de las tarifas y calidad del servicio son mucho más estrictas que en su modelo actual.
El Decreto, adicionalmente, establece que las empresas de taxis tengan un contrato con una plataforma tecnológica de su escogencia. Es decir, que para que plataformas como Cabify puedan existir en el mercado, tendríamos que esperar a que uno de estos grandes empresarios nos busque. Algo en lo que ellos no están interesados y que convertiría a las compañías de tecnología como la nuestra en una cenicienta de los monopolios de cupos del país.
En Colombia, la situación del transporte es preocupante y más teniendo en cuenta la dualidad a la que nos exponemos las plataformas tecnológicas: por un lado, el mercado nos está exigiendo a gritos ampliar la operación a categorías cada vez más cercanas al usuario, y por otro lado las soluciones que propone el gobierno no están para nada alineadas a estas exigencias. Los sacrificados de esta situación son los usuarios y conductores que han encontrado en la innovación una forma de mejorar su calidad de vida.
Ante este panorama las empresas de la industria tecnológica han asumido distintas posiciones. La de Cabify ha sido cooperar con el Gobierno y esperar por una regulación útil que no ha llegado. La de otras aplicaciones ha sido lanzar sus servicios, sin importar el marco regulatorio. En cualquier caso, ninguna posición ha servido para hacer avanzar al país en términos de legislación de transporte. Seguimos igual que al principio y por eso en Cabify decidimos hacer lo correcto para la ciudadanía y lanzamos la categoría Lite con carros de placa amarilla para ayudar a solucionar el problema de la movilidad en Colombia con un servicio diferencial.
Mientras tanto seguiremos insistiendo al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que siga el ejemplo de países como México, Brasil o Uruguay y regule esta industria para que todos quedemos bajo las mismas reglas. El país no necesita perpetuar el sistema de cupos ni un modelo de transporte que ha demostrado de muchas maneras su obsolescencia. El único cupo que se debe abrir es el cupo de la innovación. Algo que exigen a gritos los usuarios ante un estado que hasta ahora solo ha tenido oídos para los monopolios de siempre.
