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A la compañía estadounidense se le pidió eliminar enlaces a 2,9 millones de sitios web
La batalla de Google contra defensores franceses del "derecho a ser olvidado" en todo el mundo entra el jueves en una fase decisiva en el máximo tribunal de la Unión Europea, en un caso que destaca el creciente conflicto entre la privacidad, la libertad de expresión y la censura estatal.
En la previa del fallo que se dará a conocer en el transcurso de este año, un asesor del Tribunal de Justicia de la UE emitirá un dictamen sobre la posibilidad de que el buscador más utilizado en el mundo pueda limitar el alcance geográfico del derecho a privacidad a las búsquedas en el bloque.
Google se ha enfrentado a los esfuerzos encabezados por el regulador de privacidad de Francia para globalizar el derecho a ser olvidado luego del fallo histórico del tribunal de la UE en 2014 que obligó al motor de búsqueda a eliminar enlaces a información sobre una persona a pedido si está desactualizada o es irrelevante. En la actualidad, la unidad de Alphabet borra dichos enlaces en toda la UE y desde 2016 también restringe el acceso a dichos datos en sus sitios no pertenecientes al bloque cuando se accede desde el país de la UE donde se encuentra la persona afectada por la información.
La solución mundial pondría a los proveedores de motores de búsqueda globales "justo en medio de un problema de conflictos legales, donde por un lado podrían estar sujetos a la obligación de permitir la libertad de expresión y por otro en la UE serían invitados a suprimirla", comentó por teléfono Richard Cumbley, jefe global de tecnología de la firma de abogados Linklaters.
Orientación sexual
El Consejo de Estado de Francia, el más alto tribunal administrativo de la nación, solicitó la orientación del tribunal de la UE en 2017 sobre si el derecho a ser olvidado podría extenderse más allá del bloque. En un segundo caso, preguntó sobre las obligaciones de operadores de motores de búsqueda cuando se enfrentan a solicitudes de excluir enlaces a datos confidenciales, como orientación sexual, opiniones políticas, religiosas o filosóficas y delitos penales, que "están incluidos en un artículo de prensa o cuando el contenido que se relaciona con ellos es falso o está incompleto”.
"La decisión tendrá implicancias importantes para las empresas que dependen del tráfico de los motores de búsqueda, particularmente en los medios", planteó Peter Church, abogado especializado en tecnología y privacidad de Linklaters. "La decisión también podría tener implicancias para otras empresas, en particular los intermediarios de datos o aquellas que manejan datos personales confidenciales, si los principios de la decisión tienen una aplicación más amplia".
A la compañía estadounidense se le pidió eliminar enlaces a 2,9 millones de sitios web, después de que el tribunal de la UE pusiera al motor de búsqueda a cargo de decidir qué solicitudes aceptar y la empresa ha aceptado borrar menos de la mitad. Las personas que no estén satisfechas con la negativa de Google a eliminar un enlace pueden recurrir a los reguladores sobre privacidad.
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