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Cerca de 20.000 miembros de la Policía, la Administración pública, la Justicia y el Ejército han sido detenidos o suspendidos desde el fallido golpe de la noche del viernes, en el que murieron más de 200 personas cuando una facción de las Fuerzas Armadas intentó hacerse con el poder.
Las duras medidas, así como los llamados a reinstaurar la pena de muerte para los responsables del golpe, generaron preocupación entre los aliados occidentales de Turquía, que aseguraron que Ankara debe preservar el estado de derecho en el país, un miembro de la Otan que es el aliado musulmán más poderoso de Washington.
Algunos mostraron su temor a que el presidente Tayyip Erdogan esté aprovechando la oportunidad para consolidar su poder y profundizar en un proceso de represión a la disidencia que ya ha causó tensiones con Europa.
El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que las críticas a la respuesta del Gobierno equivalen a respaldar el intento para derrocarlo.
Un funcionario de seguridad de alto rango dijo a Reuters que 8.000 oficiales de policía en la capital Ankara y en la mayor ciudad del país, Estambul, fueron retirados de sus cargos por sospechas de estar vinculados al intento de golpe del viernes.
Unos 1.500 funcionarios del Ministerio de Finanzas fueron suspendidos, dijo una fuente de la cartera, y CNN Turk aseguró que 30 gobernadores y más de 50 funcionarios públicos de alto rango fueron también despedidos. El permiso anual fue suspendido para más de 3 millones de funcionarios públicos, mientras cerca de 3.000 jueces y fiscales fueron suspendidos.
El primer ministro, Binali Yildirim, dijo que hasta la fecha habían sido detenidas 7.543 personas, incluidos 6.038 soldados. Algunos fueron mostrados en fotografías sin su ropa interior y esposados en el piso de autobuses policiales y en estadios deportivos. Un tribunal decretó prisión preventiva para 26 generales y almirantes.
Funcionarios en Ankara aseguraron que el ex jefe de la Fuerza Aérea, Akin Ozturk, fue uno de los líderes del golpe.
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