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"Hemos comprobado que hubo sobrefacturamiento en (la refinería de) Pasadena. Y con los indicios que hay de otras obras, es que llega próximo a US$1.200", dijo Augusto Nardes, presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Según una reciente investigación del TCU, la compra de Pasadena perjudicó a Petrobras en US$317 millones.
La mitad de la refinería fue adquirida en 2006 por unos US$360 millones, operación que aprobó el consejo de la compañía, un valor muy superior al que la empresa vendedora, Astra Oil, había pagado por toda la refinería.
Luego, Petrobras debió comprar el otro 50%, obligada por unas cláusulas en el contrato de venta. Al final, la operación le demandó a la petrolera brasileña US$1.200 millones.
El TCU pidió bloquear la cuenta de 11 actuales y exdirectores de Petrobras. La actual presidenta Dilma Rousseff, quien en el momento de la operación era presidenta del consejo de Administración de la empresa, no fue hallada responsable.
Otra obra donde se detectaron pagos sobrefacturados por unos US$101 millones de dólares es la refinería de Abreu y Lima, cuya construcción lleva siete años y vio aumentar su presupuesto desde los US$2.300 millones hasta US$20.000.
El exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, en prisión domiciliaria por estar implicado en una red de lavado de dinero, ha denunciado un esquema de pago de sobornos a decenas de legisladores durante su gestión entre 2004 y 2012, principalmente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
También ha involucrado en su denuncia a dos exjerarcas de la estatal, acogido a un sistema que le permite confesar y revelar detalles de sus operaciones e involucrados, con el fin de reducir su pena.
Otro acogido al mismo beneficio es el empresario Alberto Youssef, también preso y cómplice de Costa en la red de lavado de activos, quien incluso llegó a asegurar, según la revista Veja, que la presidenta Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estaban al tanto del esquema. Rousseff rechazó las acusaciones y anunció acciones ante la justicia.
Estas denuncias son investigadas tanto por la justicia como por el Congreso.
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