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Maduro firmó el viernes un decreto de excepción y emergencia económica, que se extenderá todo 2016 y parte de 2017, con el argumento de que requiere poderes especiales para luchar contra la “guerra económica” de empresarios y políticos, a los que responsabiliza por la crisis venezolana.
La oposición bolivariana, por su parte, sostiene que las largas filas para adquirir alimentos y medicinas y las constantes fallas en los servicios públicos son el corolario de más de tres lustros de políticas socialistas que han arruinado a la industria local y agravado la dependencia de los precios del crudo.
“Llamo al país a desconocer este decreto que coloca a Maduro por encima de la Constitución”, dijo Henrique Capriles, el líder de la oposición del país. “No va a resolver ningún problema”, apuntó.
El decreto requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Sin embargo, en enero, al ser rechazada por el parlamento una ley similar, fue al Tribunal Supremo de Justicia el que la declaró vigente.
Maduro dijo estar seguro de que el parlamento le negará el decreto, por lo que le auguró un pronto fenecimiento.
“La Asamblea Nacional perdió vigencia política”, dijo el mandatario. “Es cuestión de tiempo para que desaparezca”.
Además, Nicolás Maduro dijo que las largas filas, los recientes saqueos y los llamados a marchar de la oposición buscan sembrar el caos con el fin ulterior de desbancarlo.
“Estamos siendo víctimas de la agresión mediática, política y diplomática y de las amenazas más graves que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años”, dijo el mandatario. “Esta campaña internacional revela planes para derrocar el gobierno bolivariano”, añadió.
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