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Las organizaciones civiles reiteraron su llamado a que el Estado garantice la liberación total de todas las personas detenidas por motivos políticos y respete el debido proceso
La reciente liberación de personas detenidas en Venezuela generó cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la falta de transparencia y claridad en el proceso. La ONG Provea denunció que las cifras oficiales difundidas por el Gobierno no coinciden con los casos que han podido ser verificados de manera independiente.
Según la organización, mientras las autoridades informaron sobre la excarcelación de decenas de personas, el número real de liberaciones confirmadas es menor y varía según los registros disponibles. Además, Provea alertó que muchas de estas salidas de prisión no representan una libertad plena, sino que se realizan bajo medidas cautelares, con restricciones de movilidad y procesos judiciales aún abiertos.
La ONG también señaló que en varios casos las excarcelaciones no habrían contado con resoluciones judiciales formales, lo que refuerza la percepción de arbitrariedad en el manejo de estos procesos. A esto se suma la preocupación por el lenguaje utilizado en algunos comunicados oficiales, que, según defensores de derechos humanos, tiende a responsabilizar o estigmatizar a las personas liberadas.
Buena parte de los detenidos beneficiados con estas medidas fueron arrestados tras las protestas y operativos posteriores a las elecciones de 2024, en las que Nicolás Maduro permaneció en el poder. Entre ellos hay activistas, dirigentes políticos y ciudadanos comunes, algunos de los cuales fueron trasladados a centros penitenciarios alejados de sus lugares de residencia, lo que agravó la situación de sus familias.
Las organizaciones civiles reiteraron su llamado a que el Estado garantice la liberación total de todas las personas detenidas por motivos políticos y respete el debido proceso. Advirtieron que las excarcelaciones parciales, sin información clara ni garantías judiciales, no resuelven las denuncias estructurales sobre detenciones arbitrarias y vulneración de derechos fundamentales en el país.
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