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Maduro podría argumentar que su caso debe desestimarse porque su captura contraviene el tratado de extradición entre EE.UU. y Venezuela
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Durante más de un siglo, en casos que involucran a acusados que van desde un empleado de banco de Chicago del siglo XIX acusado de robo hasta un dictador centroamericano acusado de narcotráfico, los jueces estadounidenses han rechazado los argumentos de que las presuntas violaciones del derecho internacional o de las obligaciones contraídas en virtud de tratados deban dar lugar a la desestimación de las acusaciones penales.
El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro está ahora dispuesto a poner a prueba esos precedentes cuando presente el miércoles unas mociones argumentando que su caso penal por narcotráfico debería ser desestimado.
Maduro, de 63 años, se declaró inocente. Su abogado, Barry Pollack, afirmó que Maduro goza de inmunidad judicial como jefe de Estado soberano y planteó interrogantes sobre la captura del veterano adversario de Washington por parte del ejército estadounidense durante una incursión el 3 de enero en Venezuela, país rico en petróleo.
Se enfrenta a una ardua tarea para convencer al juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, a pesar de que el derecho internacional generalmente protege a los jefes de Estado en ejercicio de ser procesados en los tribunales de otros países.
Si bien los casos penales en Estados Unidos que involucran a jefes de Estado extranjeros o personas capturadas por la fuerza en el extranjero son extremadamente raros, los casos anteriores que guardan similitudes con el de Maduro no le son favorables, según declararon a Reuters seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal.
La decisión de Hellerstein dependería de si Maduro era realmente jefe de Estado. Los tribunales estadounidenses suelen respetar la autoridad del presidente y su gabinete en las disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero, y Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019.
"En los pocos casos en que esto ha surgido —y han sido muy pocos y distantes entre sí— los tribunales han tomado esencialmente la decisión del poder ejecutivo de presentar cargos como una determinación de no inmunidad", dijo Chimène Keitner, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis, y ex abogada del Departamento de Estado.
Los jueces también han sostenido sistemáticamente que los acusados en casos penales pueden ser procesados incluso si fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos.
Pollack no respondió a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan declinó hacer comentarios.
El principio de inmunidad procesal para los jefes de Estado en ejercicio se considera fundamental para la diplomacia. Es probable que Maduro argumente que su procesamiento viola este principio.
Se espera que la fiscalía argumente que Washington no reconoce a Maduro desde 2019, cuando asumió la presidencia tras las elecciones de 2018, que Estados Unidos calificó de fraudulentas. Estados Unidos también consideró fraudulenta su reelección en 2024. Maduro afirma que ambas votaciones fueron justas.
Según los expertos, los precedentes legales favorecen a la fiscalía. Señalan el intento fallido del exdictador panameño Manuel Noriega de invocar la inmunidad de jefe de Estado tras su captura por el ejército estadounidense y su traslado a Miami por cargos de narcotráfico. En 1990, un juez federal rechazó el argumento de Noriega porque nunca ostentó oficialmente el título de presidente.
Un factor que Hellerstein podría considerar es si Venezuela, ahora gobernada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, respalda su solicitud de inmunidad. Al confirmar la condena de Noriega, un tribunal de apelaciones señaló que Panamá nunca solicitó inmunidad para él.
A principios de este año, el gobierno de Rodríguez describió a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y exigió su regreso, pero desde entonces los funcionarios han guardado silencio sobre el tema y han intensificado la cooperación con la administración del presidente Donald Trump. Algunos murales de Maduro en Caracas han sido cubiertos con pintura.
"Pueden imaginar lo difícil y políticamente delicado que resulta esto para las actuales autoridades de Venezuela", dijo Nizar El Fakih, abogado venezolano e investigador principal del Proyecto de Litigios Estratégicos del Atlantic Council.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
Maduro también podría argumentar que su caso debería desestimarse porque su captura contraviene el tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela, en el que ambos países acordaron solicitarse formalmente la entrega de fugitivos.
No obstante, los tribunales estadounidenses han sostenido durante mucho tiempo que la forma en que se captura a un acusado no puede impedir su enjuiciamiento. Esta doctrina se remonta al caso de un empleado de banco de Chicago que robó a su empleador en 1883 y huyó a Perú, donde fue capturado por un detective privado. En 1886, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su argumento de que la condena era improcedente porque su detención no se regía por el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú.
La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia citó ese precedente en un memorando del 23 de diciembre de 2025 dirigido al Consejo de Seguridad Nacional de Trump, argumentando que la naturaleza coercitiva de una redada para capturar a Maduro no pondría en peligro su enjuiciamiento. El memorando hacía referencia a la doctrina latina "male captus, bene detentus" — "capturado injustamente, detenido debidamente".
La Corte Suprema ratificó esa doctrina en 1992, denegando la solicitud de un médico mexicano para que se desestimaran los cargos relacionados con cárteles de la droga después de que fuera secuestrado y llevado a Estados Unidos por ciudadanos mexicanos reclutados y pagados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés).
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