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Las emisiones contaminantes en el mundo asociadas a la contratación del Estado provienen de los gastos en defensa y seguridad
De acuerdo con un reciente reporte del Foro Económico Mundial y Boston Consulting Group (BCG), las actividades de contratación del sector público y las licitaciones alrededor del mundo son directa o indirectamente responsables de 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Según estimaciones del informe, esto equivale a siete veces la cantidad emitida por toda la industria de la aviación en el mundo.
Si se compara por industrias, las licitaciones públicas relacionadas con defensa y seguridad son las más contaminantes, contribuyendo con 17% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero que producen los gobiernos.
Le siguen las emisiones provocadas por las contrataciones públicas en transporte, que aportan 12%, y las otras cuatro industrias que más contribuyen a la contaminación gubernamental son las relacionadas con servicios de gestión de residuos (12%), construcción (12%), productos industriales (8%) y servicios públicos (8%).
“Los bienes o servicios que se prestan con el beneficio ambiental pueden resultar ser más costosos para el Estado y nos tocaría evaluar cómo respondería la Contraloría”.
“Los gobiernos no pueden contribuir a la meta de cero emisiones únicamente con leyes y primas a las empresas, sino también revisando sus licitaciones públicas”.
“Las discusiones globales sobre la meta hacia las emisiones netas cero se centran muchas veces en el sector privado; pero el sector público tiene mucho que contribuir en este aspecto. Los gobiernos no sólo pueden contribuir con leyes y primas a las empresas, sino también revisando sus licitaciones públicas”, aseguró Ángel Martínez, managing director y partner de BCG en Chile.
El estudio también indica que los gobiernos de todo el mundo gastan actualmente alrededor de US$11 billones en licitaciones públicas cada año, lo que significa 15% del PIB mundial, por lo que el compromiso gubernamental por contrataciones más ecológicas podría reducir significativamente las emisiones contaminantes.
Por otro lado, las licitaciones públicas con enfoques verdes han mejorado desde la pandemia. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el gasto público que se utilizó para reactivar la economía mundial tras los confinamientos provocados por el covid tuvo un impacto ambiental positivo en 44 de las economías más grandes de la organización y de la Unión Europea.
Asegura la Ocde que las contrataciones de los estados con enfoques ecológicos aumentaron de US$677.000 millones a finales de julio de 2021 a US$1,09 billones a fines de diciembre del mismo año.
Cabe aclarar que este incremento se explica principalmente por la aprobación de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos del presidente Joe Biden en EE.UU. para reactivar la economía del país tras la crisis económica por el covid-19.
Según la Ocde, más de la mitad del gasto identificado como positivo para el medio ambiente, es decir, US$611.000 millones, está destinado a los sectores de energía y transporte. En cambio, áreas como la agricultura, la silvicultura y la adaptación al cambio climático están menos cubiertas, y menos de 1% del gasto público se dirige a la investigación y desarrollo verde, a pesar de la importancia de la innovación en la transición hacia una baja emisión de carbono.
Para Carolina Montes Cortés, investigadora y docente de Derecho Ambiental de la Universidad Externado, las leyes y los impuestos no son una solución mágica para atender la reducción de emisiones contaminantes en el mundo.
“Las leyes deben atender a realidades y necesidades propias de cada país y los impuestos deben ser destinados eficientemente a atender esos problemas, lo cual no siempre ocurre en esa medida”, dice Montes.
En el caso colombiano, la abogada dijo que la clave es que el país avance en la valoración del factor ambiental como un criterio para la contratación pública, lo cual será necesario si, en realidad, se busca cumplir la meta carbono neutro a 2050.
“No es solo expedir leyes o imponer impuestos para las empresas, es un tema más profundo de articulación de acciones y de actores responsables de emisiones atmosféricas” aseguró la docente de la Universidad Externado.
Sin embargo, aclaró que se deben tener en cuenta los valores en la contratación pública para no exceder el gasto: “Los bienes o servicios que se prestan con el beneficio ambiental pueden resultar ser más costosos para el Estado y nos tocaría evaluar cómo respondería la Contraloría frente a una inversión mucho mayor justificada en un tema ambiental”.
Cerca de 40% de las emisiones se pueden reducir con US$15 por tonelada de CO2
El reporte del Foro Económico Mundial y BCG también encuentra que aproximadamente 40% de todas las emisiones mundiales relacionadas con las licitaciones públicas se pueden reducir por menos de US$15 por cada tonelada de emisiones de CO2, aunque esta cantidad varía según la industria.
Según el informe, las compras públicas más ecológicas podrían aumentar los costos para los gobiernos entre 3% y 6%, pero la inversión privada y los nuevos empleos generados impulsarían el PIB mundial.
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