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Los consumidores acusan a Eurodisney de "bloquear ilegalmente" el acceso a ofertas que sí están disponibles para los residentes de Francia o Bélgica. Según explica el rotativo, esto se lleva a cabo principalmente a través de un método de pago basado en el lugar de residencia, de descuentos selectivos o, directamente, redireccionando a los usuarios a precios más caros.
La distorsión es tal, apunta el rotativo, que en algunos casos por un mismo paquete de vacaciones premium un francés abonaría US$1.486 mientras que a un británico tendría que pagar US$2.065, un 40% más que su vecino europeo, y un alemán, hasta US$2.703, un 82% más. En el caso de los visitantes franceses, cuentan con otra serie de ventajas añadidas como rebajas adicionales para las familias numerosas, bonos anuales o la posibilidad de fraccionar los pagos.
Clientes vs. Disney
La directiva europea de servicios prohíbe expresamente que se fuerce a los consumidores europeos a pagar más en base únicamente a su nacionalidad o país de residencia. Sin embargo, el parque de atracciones se defiende alegando que su estrategia sí está dentro de la normativa europea, que admite variaciones en los precios si existen razones objetivas. Así, según explica, sus promociones dirigidas a mercados locales están basadas en "factores específicos" como los patrones de compra o el calendario de vacaciones escolares. "A lo largo del año tratamos de atraer clientes ofreciéndoles ofertas de reserva que pueden incluir descuentos", detalla la empresa.
Sin embargo, desde el Ejecutivo comunitario siguen sin ver claro el argumento después de haber comprobado que algunos de los competidores de Disneyland en Europa, como el Legoland de Dinamarca o el Europapark alemán, no aplican variaciones de precios en la misma proporción pese a seguir políticas de análisis de mercado similares. En este sentido, la comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, ha afirmado que la avalancha de quejas era significativa, "especialmente en uno o dos casos".
Así las cosas, Francia debe ahora investigar y, de ser necesario, actuar a instancias de Bruselas. Y si las autoridades galas no resolvieran la presunta discriminación, la CE podría tomar medidas contra Francia.
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