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Bucaram, de 74 años que gobernó el país entre agosto de 1996 y febrero de 1997, debería cumplir su condena bajo arresto domiciliario debido a su edad
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Un tribunal de Ecuador condenó el miércoles al expresidente Abdalá Bucaram a una pena de nueve años y 4 meses de prisión, acusándolo de colaborar con una estructura delictiva para comercializar de manera fraudulenta insumos médicos durante la pandemia del COVID-19, dijo la Fiscalía del país andino.
Bucaram, de 74 años que gobernó el país entre agosto de 1996 y febrero de 1997, debería cumplir su condena bajo arresto domiciliario debido a su edad, de acuerdo con la ley ecuatoriana.
Uno de los hijos de Bucaram, Jacobo Bucaram, también fue condenado en el mismo caso.
"Los acusados conformaron una estructura delictiva organizada que, de forma reiterada y concertada, cometieron delitos", dijo la Fiscalía General del Estado en un comunicado sobre el fallo.
Los abogados de Bucaram no comentaron la sentencia, pero él aún tiene la posibilidad de apelar.
La Fiscalía General del Estado acusó a un total de cuatro personas de haberse beneficiado económicamente al negociar la compra de unas 21.000 pruebas rápidas para la detención del COVID-19 y otros suministros médicos entre marzo y agosto de 2020, mientras Ecuador vivía uno de los peores brotes de la pandemia en la región.
El hijo de Bucaram fue condenado a la misma pena que su padre. Un exagerante de tránsito fue condenado a 13 años y 4 meses, mientras que un ciudadano israelí obtuvo una condena reducida de dos años y 8 meses por su cooperación durante el juicio.
La audiencia se logró instalar luego de varios intentos fallidos. El tribunal ordenó a la policía acudir a una clínica en la ciudad costera de Guayaquil, donde Bucaram se recupera de una cirugía debido a problemas cardíacos, para obligarlo a participar vía telemática en la lectura de la sentencia.
Los fiscales dijeron que agentes de tránsito brindaron seguridad a dos ciudadanos extranjeros, quienes movilizaron los insumos al domicilio de Bucaram en la ciudad costera de Guayaquil. Mientras que su hijo, Jacobo, habría pagado US$321.600 por los insumos médicos.
Según la investigación, los implicados terminaron ser "agentes de la Drug Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés) o diplomático personal", dijo la fiscalía en un comunicado.
Uno de los extranjeros acusados -identificado por la fiscalía como Shy D- fue asesinado en la cárcel de Guayaquil en agosto del 2020, días después de rendir su versión en el caso.
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