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PANAMÁ

Iverco, Carretero y Etesa, los vínculos detrás de los contratos eléctricos de Panamá

lunes, 16 de noviembre de 2026

Fachada del Sky Business Center, sede de Etesa, propiedad de una sociedad que presidió Vicente Carretero hasta diciembre de 2025.

Foto: La Prensa

Este es el reportaje en el que trabajaba Rolando Rodríguez cuando su residencia, en Ciudad de Panamá, sufrió un atentado con explosivos durante la madrugada del sábado 14 de noviembre

Rolando Rodríguez
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La construcción y modernización de torres y líneas de transmisión eléctrica parece tener poco en común con la venta de instrumentos musicales para escuelas públicas. Sin embargo, en Panamá, ambos negocios están conectados por empresarios, sociedades y abogados que aparecen en expedientes judiciales del pasado y que hoy vuelven a coincidir alrededor de contratos que representan cientos de millones de dólares.

El recorrido conduce a Inversionistas de Construcción, S.A., conocida como Iverco, una compañía que participó en las compras del estatal Programa de Ayuda Nacional, PAN, y que posteriormente se convirtió en contratista de la Empresa de Transmisión Eléctrica, Etesa. También involucra a Neminca, su socia venezolana, y a una red de relaciones empresariales y profesionales vinculadas con los hermanos Carretero Napolitano.

Para comprender estas conexiones es necesario regresar al gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014. Durante esa administración, un grupo de compañías recibió contratos de distinta naturaleza a través del PAN, mientras en Brasil comenzaba a investigarse la Operación Lava Jato, cuyas revelaciones dieron lugar en Panamá al caso Odebrecht.

En ambos procesos apareció el empresario Roberto Carretero Napolitano, uno de los tres hermanos panameños que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en sus listas de sanciones en 2025, conocidas comúnmente como Lista Clinton. Los otros dos son Ramón y Vicente Carretero Napolitano.

En el expediente Odebrecht, Roberto y Ramón fueron investigados por el Ministerio Público por su relación con Jiu Shun International Co. Ltd., una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Los documentos de ese proceso permiten seguir una primera parte de la historia y conocer las declaraciones que, años después, adquirieron relevancia para examinar la propiedad de Iverco.

Aunque ambos hermanos figuraban como propietarios de Jiu Shun, en 2008 Roberto Carretero cedió sus acciones a Ramón, quien también era su socio. La operación se formalizó mediante un contrato tramitado por el abogado Lictor Reyna, el mismo que había constituido la sociedad en 2005.

A las cuentas bancarias de Jiu Shun llegaron millones de dólares procedentes de sociedades de la denominada Caja 2 de Odebrecht. Esa estructura estaba integrada por una red de empresas nacionales y extranjeras utilizadas para pagar sobornos a funcionarios en distintos países.

En septiembre de 2020, el Ministerio Público formuló cargos contra Roberto y Ramón Carretero. En octubre de ese mismo año, según la vista fiscal del caso, ambos tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos.

Roberto se declaró inocente de lavado de activos y, posteriormente, obtuvo un sobreseimiento provisional solicitado por los propios fiscales. Ese resultado forma parte de los antecedentes del proceso y debe distinguirse de las declaraciones que rindió sobre sus actividades empresariales.

Durante su indagatoria, el empresario reconoció la propiedad de otras sociedades. La vista fiscal del caso Odebrecht, elaborada el 9 de abril de 2021, recoge que identificó como suyas a World Brands International y a una compañía mencionada como “Inversionista La Construcción”, cuyo nombre real, según la investigación, es Inversionistas de Construcción, S.A., Iverco.

Esta última sociedad vuelve a aparecer en otro expediente: la venta de instrumentos musicales al PAN, destinados a escuelas del Ministerio de Educación, Meduca. Roberto Carretero también fue acusado en ese proceso y, tras varios años de actuaciones judiciales, fue sobreseído por los tribunales.

Durante la gestión de Giacomo Tamburrelli, hoy fallecido, al frente del PAN en el gobierno de Martinelli, la entidad invitó a 13 empresas a participar en la compra de instrumentos para las bandas de los colegios. Las compañías tenían nombres diferentes, pero todas pertenecían a un mismo empresario: Roberto Carretero.

Ante las pruebas presentadas por los investigadores, Carretero reconoció que las 13 sociedades eran suyas. Se trataba de Knight, Corp.; Suministros del Pacífico, Corp.; Proveedora General de Abastos, S.A.; Proyectos Ideales, S.A.; Importaciones Generales del Istmo, S.A.; Eco Caribe, S.A.; Global Spec, Corp.; Inversiones de Construcción, S.A.; Digimart International, Corp.; Pan American Construction, Corp.; Cloney Trading, Inc.; Nulato Commercial, Inc., y Country Max, S.A.

Aunque admitió la propiedad de esas compañías, sostuvo que no había cometido delito alguno. Entre las empresas figuraba nuevamente la que la investigación identifica como Inversionistas de Construcción, S.A., cuyo nombre también apareció escrito de manera imprecisa en este expediente.

Además de compartir propietario, buena parte de las sociedades tenía otro punto de conexión. Diez de ellas eran clientes de los abogados Lictor Reyna y Ewaldo Pitti, o de sus firmas Reyna Abogados y Reyna, Pitti & Gordillo.

La Prensa

Los abogados dejaron de ser socios. Pitti aseguró que no mantiene una relación profesional con Reyna desde hace al menos 10 años, aunque ambos siguen en contacto por medio de fraternidades masónicas a las que pertenecen.

Consultado sobre esos antecedentes, Pitti rechazó que las relaciones profesionales del pasado permitieran atribuirle influencia sobre adjudicaciones de contratos con Etesa o sobre decisiones tomadas por otras personas.

“Las relaciones profesionales pasadas no constituyen, por sí solas, fundamento para atribuir influencia en una adjudicación”, manifestó el abogado en su respuesta, en la que también negó que esos vínculos explicaran actuaciones ajenas.

Los instrumentos musicales suministrados por las empresas de Carretero eran de fabricación china. De acuerdo con los antecedentes recogidos en la investigación, peritos del Meduca los calificaron como productos de pésima calidad.

Años después de aquellas contrataciones, las relaciones entre algunos de sus protagonistas reaparecieron en otra entidad estatal. Ewaldo Pitti fue director de Asesoría Legal de Etesa entre julio de 2024 y julio de 2025.

Durante el actual gobierno de José Raúl Mulino, la empresa de transmisión eléctrica trasladó su sede a la avenida Balboa, en el P.H. Sky Business Center. El inmueble pertenece a Sky Business Center Group, Corp., una sociedad que fue presidida por Vicente Carretero hasta diciembre de 2025.

Vicente renunció a la presidencia de esa sociedad después de haber sido incluido por Estados Unidos en su lista de sanciones, junto con sus hermanos Ramón y Roberto.

La llegada de Pitti a la dirección jurídica de Etesa lo situó en un cargo con participación en los asuntos legales de una empresa que administraba contratos multimillonarios con Iverco y Neminca. Ambas compañías tenían como agente residente al bufete de Lictor Reyna, su antiguo socio.

Neminca, de origen venezolano, también tenía antecedentes de trabajo en proyectos relacionados con los Carretero. Fue subcontratista de obras hoteleras en Venezuela en las que intervino Landscape Vision Corporation, Lanvicorp, una empresa de Ramón Carretero contratada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Las conexiones profesionales de Pitti con sociedades reconocidas por Roberto Carretero no se limitaban a su antigua asociación con Reyna. El abogado también había participado en la constitución de Proveedora General de Abastos y Digimart International, dos de las compañías mencionadas en el proceso del PAN y cuya propiedad fue admitida por el empresario.

Así, Pitti ocupó durante un año una posición estratégica en Etesa mientras la entidad mantenía relaciones contractuales con Iverco, la misma compañía que Roberto Carretero había identificado como propia en los expedientes de Odebrecht y de los instrumentos musicales.

En su respuesta, el abogado explicó que las modificaciones de los contratos no dependen exclusivamente de una oficina. Precisó que las adendas, “dependiendo de la cuantía y naturaleza de la modificación contractual”, requieren la intervención de otras instancias.

Entre ellas mencionó al Consejo Económico Nacional, además del refrendo de la Contraloría General de la República. También indicó que los traslados de partidas presupuestarias relacionados con esos compromisos fueron sometidos a consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Su explicación describe una cadena de autorizaciones que involucra a varias entidades. Precisamente, la investigación examina cómo esas instancias participaron en la administración y modificación de los contratos.

Pero los documentos de Iverco plantean una pregunta adicional: quién era su propietario y cómo se explica que dos personas se identificaran como dueñas de la compañía en momentos diferentes, sin que se aclarara ante las consultas del medio cuándo habría ocurrido una transferencia.

Iverco fue constituida en 2009 por Lictor Reyna y Rubén Gordillo, socios del bufete Reyna, Pitti & Gordillo. En 2012 cambió de agente residente y esa función pasó al abogado Danilo Caballero.

En 2014, Luis Petrou Santos fue nombrado presidente de la sociedad. Tres años después renunció y lo reemplazó José del Carmen Ureña González. En ese momento continuaron en sus cargos Myriam D’amill, como secretaria, y Rubén Gordillo, como tesorero.

La Prensa

En agosto de 2022, Ureña pasó a ocupar, además de la presidencia, los cargos de secretario y tesorero. Lictor Reyna figuró entre quienes inscribieron el documento correspondiente en el Registro Público.

Meses después, en enero de 2023, ingresaron nuevos directores a la sociedad, identificados en la investigación como empleados de Reyna Abogados. Al mismo tiempo, el bufete fue designado agente residente de Iverco.

La Prensa

La cuestión sobre la propiedad surge al comparar dos declaraciones. En 2020, Roberto Carretero afirmó ante los fiscales que Iverco le pertenecía. Sin embargo, en una nota fechada el 16 de mayo de 2022, presentada a Etesa como parte de un proceso de licitación, Ureña aseguró bajo juramento que él era el beneficiario final de 100% de las acciones.

Según ese documento, la compañía tenía un solo propietario: Ureña. Menos de dos años antes, Carretero había dicho a los investigadores que era suya.

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Las declaraciones corresponden a fechas distintas y podrían estar mediadas por un cambio de propiedad. Por eso, La Prensa preguntó a Carretero cuándo había vendido o transferido Iverco, o si la sociedad continuaba siendo de su propiedad. El empresario no respondió esas preguntas.

En su lugar, su abogada, Marcela Araúz, envió una carta al diario en la que advirtió que cualquier publicación referente a los procesos mencionados “afectaría injustificadamente su derecho a la honra, al buen nombre y a la propia imagen, garantías reconocidas por la Constitución”.

En un intercambio por chat con el medio, Araúz añadió: “Ni para bien ni para mal puedes por ley referirte a ello”. Su posición era que el reportaje no podía citar las declaraciones de su cliente contenidas en los procesos judiciales.

La respuesta no aclaró cuándo se habría producido una eventual venta o transferencia de Iverco, ni explicó la relación entre la declaración de Carretero ante los fiscales y la posterior declaración jurada de Ureña ante Etesa.

La investigación encontró otro vínculo al revisar las gestiones de cobro de Iverco ante la Contraloría General de la República. Bajo la representación legal de Ureña, la compañía tramitó pagos por obras realizadas, pero algunos números de seguimiento de esos cobros aparecieron en manuscritos de Luis Acevedo Ureña.

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Acevedo es abogado y fue socio del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien ocupó ese cargo entre 2019 y 2024. Las anotaciones correspondían al Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos, Scafid, utilizado por la Contraloría.

Junto a los números de los trámites había cifras escritas a mano. La Prensa preguntó a Acevedo por qué tenía esa información y qué representaban los valores anotados, pero no obtuvo respuesta.

En los mismos manuscritos aparecieron números de Scafid correspondientes a Pan American Construction, Corp., otra sociedad creada por Lictor Reyna. La empresa tuvo como agente residente a Evelyn Vargas Reynaga, abogada de los hijos del expresidente Martinelli, quienes fueron condenados en Estados Unidos.

Los documentos reseñados sobre Acevedo incluían una “Agenda” en la que detallaba negocios y oportunidades relacionados con nombramientos, contratos o concesiones del Estado panameño. La Prensa también había publicado una investigación sobre la compra de una residencia por US$821.000 mediante un préstamo de la Caja de Ahorros.

Pan American Construction compartía con Iverco un antecedente central: Roberto Carretero había reconocido que ambas eran suyas en sus declaraciones de octubre de 2020. Las dos también aparecieron en la investigación por la venta de instrumentos musicales al PAN.

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Pese a que formalmente se presentaban con propietarios distintos, algunas gestiones de cobro de ambas compañías avanzaron de manera simultánea ante la Contraloría. Son los trámites en los que, según los indicios examinados por el reportaje, habría intervenido Acevedo.

El 22 de junio de 2020 fueron refrendadas dos gestiones de Iverco. Ese mismo día se refrendó una de Pan American Construction, casi a la misma hora. Los tres trámites recibieron aprobación con minutos de diferencia.

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La coincidencia temporal forma parte de los elementos documentados, aunque por sí sola no demuestra una actuación irregular. Lo que quedó sin explicación fue por qué los números de seguimiento de las dos compañías estaban en las anotaciones de Acevedo y qué papel desempeñó este en las gestiones.

La Contraloría también ha tenido una intervención decisiva en los contratos de Iverco y Neminca con Etesa. La institución refrendó importantes modificaciones contractuales para los consorcios integrados por ambas empresas, incluidas adendas por decenas de millones de dólares.

Los hallazgos reunidos hasta este punto permiten seguir cinco elementos de una misma historia. Primero, Roberto Carretero reconoció ante los fiscales ser dueño de 13 empresas que participaron en las compras de instrumentos musicales del PAN, entre ellas la compañía que la investigación identifica como Iverco y que hoy es contratista de Etesa.

Segundo, el empresario también mencionó a Iverco entre sus sociedades en el expediente Odebrecht, mientras que en mayo de 2022 otra persona declaró bajo juramento ser el beneficiario final de todas sus acciones. Las consultas sobre una eventual transferencia no fueron contestadas.

Tercero, Ewaldo Pitti, antiguo socio de Reyna y vinculado profesionalmente con sociedades reconocidas por Carretero, ocupó la dirección de Asesoría Legal de Etesa entre julio de 2024 y julio de 2025, mientras la entidad mantenía contratos millonarios con Iverco y Neminca.

Cuarto, la estatal trasladó sus oficinas al Sky Business Center, propiedad de una sociedad presidida por Vicente Carretero hasta diciembre de 2025, cuando renunció después de su inclusión en la lista de sanciones estadounidense.

Quinto, el contralor Anel Flores advirtió que la institución no refrendaría modificaciones contractuales perjudiciales para el interés público, después de haber aprobado adendas por decenas de millones de dólares a favor de consorcios de Iverco y Neminca.

La advertencia de Flores llegó en una circular enviada semanas atrás a numerosas entidades gubernamentales, incluidas empresas públicas. En ella cuestionó la frecuencia con que las administraciones presentaban cambios a contratos que ya habían sido adjudicados.

“Constantemente, las administraciones de las distintas entidades someten a la consideración del refrendo de la Contraloría General adendas, órdenes de cambio, prórrogas y ajustes que alteran precio, plazo o alcance del contrato adjudicado”, señaló el funcionario.

Flores añadió que esas modificaciones “incrementan los costos e impiden al Estado entregar los bienes y resultados que esperan los ciudadanos”. Su comunicación puso el foco tanto en el impacto presupuestario como en los retrasos de las contrataciones públicas.

En consecuencia, anunció que la Contraloría “se abstendrá del refrendo de las adendas que se presenten en perjuicio del interés público y presentará las denuncias ante las autoridades competentes contra los servidores públicos y contratistas que ocasionen costos y tiempo adicional a las contrataciones públicas”.

El cuestionamiento de la investigación está en la secuencia de esas actuaciones. Antes de emitir esa advertencia, la institución había refrendado modificaciones por decenas de millones de dólares para los consorcios en los que participan Iverco y Neminca.

Ese contraste deja pendiente conocer cómo se justificaron y evaluaron las adendas aprobadas, qué criterios se utilizaron para determinar su conveniencia y cómo se corresponden esas decisiones con la posición que posteriormente expresó el contralor.

La historia conecta, así, las compras de instrumentos musicales de hace más de una década con contratos de infraestructura eléctrica actuales. En ese recorrido aparecen las mismas sociedades o sus vínculos, declaraciones sobre propietarios que no fueron aclaradas ante las consultas del medio, antiguos socios en posiciones públicas y decisiones contractuales sometidas a distintas instancias de autorización.

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