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En una misiva firmada por 43 senadores y miembros del legislativo se detalla un trato regulatorio preferencial del gobierno mexicano
El Congreso estadounidense denunció ante el presidente Donald Trump que en México existe un patrón de obstrucción hacia los negocios estadounidenses con el objetivo de privilegiar a las estatales mexicanas, lo que interfiere con el espíritu del Tratado de Libre Comercio y amenaza las inversiones y el crecimiento del sector energético regional.
En una misiva firmada por representado por 43 senadores y miembros del legislativo encabezados por el senador republicado de Texas, John Cornyn, detallaron que informes recientes indican que el gobierno mexicano está brindando un trato regulatorio preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex), retrasando o cancelando los permisos para las empresas energéticas estadounidenses, acciones que realiza directamente la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al postergar el otorgamiento de permisos de toda la cadena de valor y sesionar lo mínimo indispensable.
Además, expusieron que estas experiencias fueron acreditadas por el memorando en el que presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las cabezas del sector utilizar todos los recursos disponibles dentro del marco regulatorio para proteger a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Escribimos hoy para llamar su atención sobre las acciones del gobierno de México que amenazan la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas estadounidenses y socavan el espíritu del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)”, expusieron los legisladores en su misiva.
Adicionalmente, explicaron que miembros del partido gobernante, Morena, han presentado iniciativas constitucionales que revertirían la histórica Reforma Energética de 2014 y buscarían renunciar a todos los contratos actualmente vigentes.
Según los legisladores, estos esfuerzos violan y contradicen el espíritu, si no la letra, del T-MEC, acuerdo entre cuyos principales objetivos se encuentra promover el crecimiento entre los países participantes.
“Por lo tanto, nos preocupa profundamente que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción y lo instamos a encontrar una resolución con el gobierno de México para mantener las condiciones de mercado actuales que brinda el marco regulatorio de la reforma energética, junto con certeza y equidad para las empresas estadounidenses que operan y compitiendo en México”, expusieron.
Como contexto, refirieron que México es el mercado de exportación más grande de productos petrolíferos estadounidenses y es un mercado en crecimiento para las exportaciones de gas natural. Además, las exportaciones estadounidenses de productos refinados a México se han triplicado durante la última década.
Por tanto, desde su perspectiva un mercado energético integrado de América del Norte beneficia a los fabricantes de combustibles de Estados Unidos, así como a los trabajadores y, en última instancia, a los consumidores mexicanos.
Por ello, tras las reformas constitucionales de 2014 de México que permitieron la participación privada en el sector energético mexicano, las empresas estadounidenses invirtieron miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México y en los Estados Unidos para importar combustible de nuestras refinerías para satisfacer la demanda mexicana.
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