Comisión Europea y BCE urgen Gobierno a liberalizar servicios profesionales

Esta reforma tiene el objetivo de liberalizar ciertos sectores clave de la economía y facilitar la creación de nuevas empresas. Es una de las medidas clave encomendadas por Bruselas y Fráncfort para impulsar el crecimiento y el empleo en España.

«La reforma del borrador de la ley tiene que ser enviada al parlamento pronto para que tenga oportunidades de ser aprobada antes de que acabe la legislatura», aseguran la Comisión y el BCE en el informe elaborado tras la segunda misión a España del programa de supervisión post-rescate bancario.

Además, ambas instituciones instan al Ejecutivo a «mantener el nivel de ambición» de la reforma: limitando el número de profesiones en las que sea obligatorio colegiarse a los casos donde esté justificado y sea proporcionado, asegurándose de que las cuotas de registro y asociación en esos colegios profesionales no generan barreras a la competencia, incrementando la transparencia y responsabilidad de estas asociaciones profesionales y asegurando la unidad de mercado a la hora de ejercer y acceder a estas profesiones.

Sobre el mercado laboral, el informe advierte de que «la implementación de medidas para mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo y que contribuyan a reducir el desempleo solo avanzan de forma gradual». Califica el proceso de «largo y complejo» y advierte de que su impacto positivo «tardará tiempo» en notarse.

Comisión y BCE también afirman que la implementación de la ley de unidad de mercado «necesita acelerarse». Esta reforma pretende eliminar barreras que obstruyen, directa o indirectamente, el intercambio de bienes y servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Aunque el informe reconoce que todos los artículos de la ley han sido adoptados, advierte de que el proceso sigue atascado por varias propuestas de enmiendas sobre la legislación de las administraciones autonómicas y del Gobierno central.

El informe también critica el retraso en otras reformas, como la de desindexación de la Economía, que pretende acabar con la práctica actual en la que las tarifas, precios y contratos de la administración pública están ligadas de forma automática a la evolución del IPC. Aunque el borrador legislativo llegó al Parlamento en diciembre pasado, el informe asegura que a finales de octubre de 2014 todavía no se había aprobado, pero que, además, la medida requiere del desarrollo de legislación complementaria.

En el lado más positivo, BCE y Comisión ven «algún nuevo progreso en el refuerzo de la gestión de las finanzas públicas», gracias a la creación de la autoridad fiscal independiente. Sin embargo, aunque asegura que la reforma fiscal «es un primer paso para de simplificar» el sistema tributario español, también la califica de «oportunidad parcialmente perdida» para hacerlo completamente y arreglar sus deficiencias. La Comisión Europea cree que el Gobierno debería reducir la fiscalidad sobre el trabajo y compensar los menores ingresos con subidas de impuestos indirectos, como el IVA o los medioambientales.