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En un intento por un marcar un punto de inflexión ante la crisis de confianza que golpea al país, la mandataria dijo en un mensaje a la nación que las medidas administrativas y proyectos de ley serán parte de una reforma integral para actuar sobre la actividad política y de los partidos.
Con ello, "se busca erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos", enfatizó Bachelet en una cadena voluntaria de radio y televisión.
El apoyo público a la mandataria está en su peor nivel histórico, de acuerdo a las encuestas, por la decepción de la ciudadanía ante los escándalos políticos y financieros que han salido a la luz en los últimos meses.
"Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito", dijo Bachelet.
El Estado será el que financie el trabajo de los partidos y para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros, como reinscribir a todos sus militantes, una contabilidad transparente y fiscalizada, agregó.
El brillo de los logros alcanzados en su primer año de Gobierno -reforma tributaria y educacional- fueron empañados en los últimos meses por la polémica en torno a las acusaciones de tráfico de influencias contra su hijo -tras la aprobación de un millonario crédito-, o los desvíos de dinero de empresarios a campañas de políticos de todas las tendencias.
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