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Asamblea Nacional de Venezuela discutirá una reforma más flexible de ley petrolera
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Propuesta busca introducir un nuevo impuesto, la posibilidad de privatizaciones de activos y la cesión de las operaciones petroleras
Los legisladores discutirán el jueves una reforma más flexible de la principal ley de la industria petrolera de Venezuela, tras la modificación de una propuesta presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La propuesta busca introducir un nuevo impuesto a los hidrocarburos, la posibilidad de privatizaciones de activos y la cesión de las operaciones petroleras, según un borrador visto por Reuters.
Se anticipa que los cambios incentiven el aumento de la producción de petróleo y gas, así como la inversión extranjera, tras el plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria propuesto este mes por el presidente estadounidense Donald Trump.
La rápida discusión sobre la columna vertebral de la industria petrolera del país se produce tras 20 años de estricta nacionalización y la expropiación de activos que pertenecían a empresas extranjeras, incluidas las gigantes estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips, que no han sido compensadas tras años de arbitrajes y demandas.
La reforma propuesta también pretende formalizar un modelo de producción compartida de petróleo, introducido inicialmente por el derrocado mandatario Nicolás Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas en los últimos años.
Los cambios incorporados al texto en los últimos días buscan reducir el impuesto sobre la renta para proyectos energéticos, a la vez que crean un nuevo "impuesto a los hidrocarburos", que se regularía en una legislación separada. Se prevé la eliminación de impuestos adicionales.
Recientemente, se añadió a la reforma la posibilidad de privatizar los activos petroleros que actualmente son propiedad de la estatal PDVSA y que son operados por ella, y de ceder la operación de los yacimientos bajo el nuevo modelo contractual.
En el texto de la reforma, la Asamblea Nacional pierde la autoridad para aprobar los contratos, ya que el Ministerio de Hidrocarburos —actualmente también controlado por Rodríguez— concentrará casi toda la facultad para firmar contratos y aprobar cualquier cambio en los términos.
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