Un informe de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), publicado en octubre de 2022, indicó que entre 2022 y 2036 el consumo anual de electricidad crecería entre 2,2% y 3,3%. Frente a esta tendencia, es urgente garantizar la oferta necesaria para satisfacer la demanda, pero hay que hacerlo de manera sostenible y pensando en el cambio climático.
Esa es la razón por la que el próximo 10 de mayo el Gobierno Nacional presentará la hoja de ruta para poner en marcha el plan de Transición Energética, el cual tiene varios objetivos: adaptar la matriz para enfrentar el cambio climático, transitar a una economía productiva, justicia social y ecológica; y que la energía sea un derecho universal.
Esta hoja de ruta se concentra en tres programas estratégicos: el primero de ellos son las comunidades energéticas y distritos energéticos, para darle impulso a la energía solar, eólica y bioenergía; el segundo es el llamado “Energía del cambio”, en el que se tratarán temas de movilidad sustentable, la eficiencia energética y el gas natural para la transición; y el tercero se concentra en el Instituto Nacional de Transición Energética, que será para el fomento de la industria nacional asociada a tecnologías de las energías renovables a través del desarrollo de componentes y prototipos industriales.
Tras 24 semanas de trabajo, el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del Ministerio de Minas y Energía fijará los parámetros que deberán seguir tanto la empresa privada como el sector público para lograr lo que el Gobierno Nacional ha llamado “Principios de la transición energética”, los cuales son: equidad, conocimiento, participación social vinculante y gradualidad, soberanía y confiabilidad.
Mientras se conoce esta hoja de ruta, en Colombia se viene trabajando desde hace algunos años en proyectos que buscan generar energía de manera sostenible, los cuales han sido estructurados por medio de subastas de energía. Entre las últimas tres subastas (dos de renovables y una de cargo por confiabilidad), incluyendo los mecanismos complementarios, se han adjudicado 44 proyectos que suman un total de 6,2 GW en el país.
De esta lista de proyectos, seis están en operación, los cuales son proyectos térmicos y las dos unidades de Hidroituango que se activaron, que representan 0,8 GW. También hay dos proyectos solares en el Cesar que están en pruebas y suman 0,2 GW. Y por último, hay más de 4 GW que están retrasados y se dividen de la siguiente manera: 2,3 GW en proyectos eólicos, 1,1 GW en proyectos solares y 0,8 GW en proyectos térmicos.
Entre 2017 y 2021 los aportes fiscales de todo tipo del sector eléctrico superaron los $26 billones y las inversiones del sector privado desde 1994 suman más de $140 billones, lo que evidencia la importancia de este sector y la necesidad de mantenerlo operando, pero haciendo un énfasis en la transición.
