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La reforma pensional ya fue aprobada en el Congreso y se espera que entre en vigencia a mediados de 2025, aun así hay más dudas que certezas sobre este nuevo sistema
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Se refiere a trato diferencial a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos
El artículo 94 de la reforma pensional aprobada anoche, que fue incluido a última hora cuando el texto pasaba por su segundo debate, es uno de los más polémicos del articulado por su falta de estudio y su posible impacto fiscal.
Se refiere a un trato diferencial a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos. Según cifras de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, este artículo crearía un nuevo sistema tributario para 41% de la población total de Colombia.
Solo la población campesina representa 29% de los habitantes del país,las comunidades indígenas, gitanos o Rrom, raizales y palenqueras agregan otro 5% y el pueblo afrodescendiente, negro y mulato representan 7%.
El texto dice que los años y semanas para esta población deberán a ajustarse a la baja en comparación con el resto de la población. El nuevo cálculo se haría con la diferencia entre la esperanza de vida de Colombia, que es de 77 años, con la esperanza de vida de estas comunidades, que según mencionó el senador Richard Fuelantala, autor del artículo, ronda los 66 años.
El Dane sería la entidad encargada de calcular esa diferencia y, posteriormente, el Ministerio de Trabajo determinará el número de años y semanas que aplicará para esta población.
“Casos como Chocó, 66 años de esperanza de vida, o como la Guainía o Amazonas 66,8 años. Muy difícilmente podemos esperar a que nuestra gente se pensione por una vía legal. Esto tendría un impacto fiscal, pero se beneficiará la gente pobre y vulnerable que habita en las zonas rurales. Este Gobierno se comprometió a defender estos derechos”, dijo el congresista Fuelantala.
“Es preocupante el impacto fiscal de este proyecto de ley en los términos propuestos por el Gobierno. La Cámara deberá evaluar los riesgos de los artículos que pretendan añadirle”.
Sobre ese impacto fiscal se refirió José Ignacio López, presidente de Anif, quien alertó que se crearía un nuevo sistema para cerca de la mitad del país.
“Este artículo en la reforma pensional potencialmente crea un sistema pensional diferente para 41% de los colombianos. Un sistema sin claridad en parámetros y costos. Sabemos que hay comunidades rezagadas y con retos enormes. Pero una discusión de tanta importancia no se puede improvisar”, dijo López.
La senadora Norma Hurtado también rechazó el artículo incluido a última hora. “Es preocupante el impacto fiscal de este proyecto de ley en los términos propuestos por el Gobierno. La Cámara de Representantes deberá evaluar atentamente los riesgos e implicaciones de los artículos que pretendan añadirle a la reforma sin estudio previo”, dijo la congresista.
29% de la población de Colombia es campesina, una de las comunidades beneficiadas por la reforma pensional.
Según la Constitución colombiana, las leyes deben aprobarse en dos períodos legislativos, que van del 20 de julio al 20 de junio del año siguiente
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