Cien días: la cuenta de las oportunidades perdidas

A 100 días de que el actual gobierno termine su mandato, el balance no puede medirse solo por los problemas acumulados en materia fiscal, de seguridad, de salud o de energía, sino por las oportunidades perdidas. En economía y en seguridad, el costo de lo que no se hizo es tan visible como el costo de lo que se hizo mal, y ambas deudas van a recaer sobre el próximo gobierno y sobre todos los colombianos.

La política económica del actual gobierno, tal como se diseñó, llega al final del mandato sin una sola reforma que haya ampliado la capacidad productiva del país, sin un marco estable para la inversión en sectores estratégicos y sin una senda fiscal responsable. El gobierno Petro entrega una economía con menos inversión, más deuda y un crecimiento que depende del gasto público, no de la creación de valor, la productividad y la competitividad.

La Inversión Extranjera Directa, IED, en 2025, apenas alcanzó la mitad de lo que recibía el país al inicio del mandato, con caídas especialmente severas en el sector minero energético. Ese retiro de capital fue la respuesta racional a un mensaje oficial sostenido contra el sector minero energético y a una política tributaria sobre rentas de capital que aumentó la incertidumbre y desincentivó la inversión.

El frente fiscal se deterioró en paralelo y de forma estructural. El déficit del Gobierno Nacional Central se disparó a niveles que no se veían en una década, presionado por un gasto de funcionamiento desbordado y un recaudo tributario que no acompañó ese ritmo. La deuda pública siguió la misma trayectoria ascendente y hoy se acerca a máximos históricos como porcentaje del PIB. Esos desbalances le sirvieron al propio gobierno para justificar la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal en 2025. La perspectiva negativa de Moody’s y la calificación soberana en grado especulativo, con sesgo a la baja, son la traducción del mercado a esa incertidumbre.

El crecimiento de 2025, de 2,6%, se presenta como un logro, pero hay que mirarlo en su composición; lo empujan el gasto del sector público y actividades intensivas en mano de obra, pero no en capital, caracterizadas por alta informalidad y bajo recaudo. En contraste, sectores productivos clave, como la construcción y la explotación de minas y canteras, cerraron el año con crecimientos negativos y bajas tasas de formación de capital.

Todo esto se podía evitar. Un marco estable para el sector minero energético que apalancara la transición, una reforma tributaria que, en lugar de elevar tarifas y crear nuevos impuestos, corrigiera los efectos de la reforma del anterior gobierno, la que llevó a Colombia a ser uno de los países de la Ocde con mayor carga tributaria sobre la renta corporativa, y una agenda creíble de concesiones en infraestructura y disciplina sobre el gasto de funcionamiento habrían cambiado la pendiente. Al contrario, se escogió el camino de la narrativa y las acciones contra el sector privado, con la consecuente pérdida de confianza inversionista y de oportunidades para impulsar un crecimiento empresarial capaz de generar las condiciones para superar la pobreza.

La Paz Total, tal como se concibió, llega al final del gobierno sin un solo acuerdo estructural de desmovilización, entrega de armas, sometimiento a la justicia y desmonte de economías ilícitas, y sin que la Fuerza Pública haya logrado desarticular estructuras criminales ni recuperar el control del territorio.

Los datos que rodean esa política son concluyentes. Según cifras del Ministerio de Defensa, recogidas por Amnistía Internacional, la disidencia de Calarcá creció 111%. La Fundación Ideas para la Paz documenta 14 zonas en disputa entre grupos armados, el doble que al inicio del mandato. La ONU reportó 2.794 hechos de violencia en 2025.