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El Servicio Geológico Colombiano reportó que el sismo registró una magnitud de 7,4, con profundidad de 96 km, lo que lo convierte en el más fuerte desde 1979
Guillermo Herrera, presidente de Camacol
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El gremio plantea medidas tributarias y financieras para acelerar la recuperación de las familias damnificadas por el sismo y reducir los costos de las obras
La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto abre una nueva discusión económica sobre cómo reducir los costos de las obras y facilitar que las familias damnificadas pueden recuperar sus hogares. En ese escenario, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, pidió al Gobierno establecer medidas tributarias y financieras excepcionales, entre ellas una eliminación temporal del IVA para los materiales utilizados en las zonas afectadas.
La propuesta fue planteada por Guillermo Herrera, presidente de Camacol, quien considera que la magnitud de la emergencia requiere mecanismos diferentes a los programas tradicionales de vivienda. Para el gremio, no todos los hogares necesitan la misma solución, mientras algunas estructuras pueden ser reparadas o reforzadas, otras deberán ser reemplazadas por completo.
El alivio sobre el IVA tendría como principal objetivo disminuir el costo de las intervenciones y facilitar que los recursos destinados a la emergencia tengan un mayor alcance. Camacol respalda que la medida sea temporal y esté dirigida específicamente a los materiales empleados en la recuperación de las zonas afectadas por el sismo.
La entidad propone crear un régimen especial de reconstrucción que facilite la financiación, agilice trámites y permita entregar ayudas según el nivel de afectación de cada vivienda. Según el gremio, más de 140.000 viviendas necesitaran reparaciones y cerca de 30.000 deberían ser reemplazadas, por lo que la recuperación combinaría reforzamientos, arreglos y nuevas construcciones.
El sector estima que el proceso podría tardar más de cuatro años y plantea una hoja de ruta conjunta entre el Gobierno, las regiones, las entidades financieras y la constructoras. El objetivo es unificar criterios para evaluar los daños, definir responsabilidades y garantizar recursos, mientras se reducen costos y trámites para evitar retrasos en la recuperación de las familias damnificadas.
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