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La compañía elevó a la Procuraduría la petición legal, pero primero deberá agotar las instancias de conciliación con los consorciosdel proyecto hidroeléctrico
Han pasado más de dos años desde que se presentó la contingencia en el proyecto de la centra hidroeléctrica más grande del país: Hidroituango. Tras asumir sobrecostos y fuertes críticas Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Alcaldía de Medellín decidieron demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico, una demanda que se calcula en $9,9 billones, considerando los sobrecostos que ha tenido el proyecto en los últimos años, y los costos de los equipos en la casa de máquinas.
La empresa emitió una carta dirigida a la Procuraduría delegada para Asuntos Administrativos para la diligencia planteando la situación. Las partes requeridas serían: el Consorcio Generación Ituango (Integral - Solingral), a cargo de los diseños del túnel auxiliar y el constructor del megaproyecto, el Consorcio CCC Ituango (conformado por Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.). Además, el Consorcio Ingetec y Sedic, responsables de la interventora y las empresas aseguradoras: Seguros Generales Suramericana y Chubb Generales Seguros, las cuales tendrían que responder a la empresa.
La compañía estableció que, debido a las divergencias económicas con los mencionados consorcios desde el inicio de la contingencia, y dado que EPM “ha asumido todos los costos causados y estimados”, tuvo la obligación “de poner en conocimiento de las autoridades el detrimento sufrido en la obra estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente y el lucro cesante”, referente a la venta de energía, entre otros.
“Hemos estructurado un llamado a conciliación a todas las personas que participan del proyecto Hidroituango, esta conciliación se propuso ante la Procuraduría”.
Cabe destacar que antes de acudir al juez y elevar la demanda contra los consorcios, EPM debe agotar el requisito de la conciliación, un proceso que tardará tres meses y cuya duración será hasta el 10 de noviembre.
Esta decisión se presentó luego de que el gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón, confirmara que el proyecto no entrará en operación este año y que las cuatro unidades iniciales estarían en 2022, una situación que además podría elevar las tarifas de energía.
“Luego de una revisión minuciosa de la documentación en materia jurídica, se identifico que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo que había problemas para cumplir el hito de entrada en operación comercial y que las recomendaciones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo que condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación”, dijo Rendón.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que la investigación tomó ocho meses y se determinó iniciar las acciones legales. “Desde el primer día de nuestro Gobierno nos comprometimos a sacar a Hidroituango adelante, y que quienes habían sido responsables de los sobrecostos los asumieran no los ciudadanos a través de sus servicios públicos”, dijo Quintero.
La junta directiva de EPM fue modificada en enero de este año por el alcalde Quintero y hoy la conforman: Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Andrés Bernal Correa, Manuel Santiago Mejía Correa, Jesús Aristizábal Guevara, Elena Rico Villegas, Gabriel Ricardo Maya Maya, Alberto Arroyave Lema, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy. En su momento la junta pasada que incluía a Claudia Jiménez Jaramillo y Carlos Raúl Yepes Jiménez había confirmado que el proyecto hidroeléctrico tuvo un alza de sus costos de $900.000 millones es decir 5,88% del valor inicial, por lo que el total de la obra subió a $16,2 billones.
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