Reforma total a la minería en Colombia, propuesta de expertos

Si bien la propuesta no es vinculante, pues es un esfuerzo que no fue impulsado por el Gobierno o por las empresas de la industria, el texto, llamado ‘Propuestas para una visión compartida sobre la minería en Colombia’, cae bien por la etapa de procesos de paz y posible posconflicto que atraviesa el país.

En este orden de ideas, el Grupo de Diálogo Sobre Minería en Colombia (Gdiam) determinó que sí es posible llegar a un acuerdo sobre el desarrollo sostenible de la economía minera, siempre y cuando esté identificada y regulada por el Estado; de tal manera que sea incluyente, resiliente y competitiva.

El Gdiam, está compuesto por dirigentes indígenas, empresariales, ambientalistas, académicos y voceros de otros intereses de la sociedad civil; aunque ninguno hizo la tarea en representación de sus sectores, sino que entregaron sus opiniones y visiones personales para llegar a un consenso.

La importancia de esta propuesta, que empieza a ser conocida por mineros, industriales y autoridades, radica en que el aporte del sector minero al Producto Interno Bruto es del 7,32 %, según datos del Ministerio de Minas; cifra que podría ser mayor si se tiene en cuenta que el 67 % de los mineros en el país no tienen un título que avale su trabajo.

Inclusión, la priedra angular

El primer eje de la propuesta del Gdiam dice que para el desarrollo sostenible de la economía minera es imprescindible reconocer a las comunidades con las que convive el sector: indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom.

El estudio explica que son 5,7 millones los colombianos que pertenecen a estas comunidades étnicas y tienen una fuerte relación con el sector. Por eso una de las propuestas más importantes es la adopción de un Plan de Ordenamiento Territorial Minero, en busca de determinar dónde y en qué condiciones no se puede desarrollar la actividad.

Ese ordenamiento debe tener claro que donde hay minería también existen recursos naturales, por lo que el reto está en lograr un equilibrio entre los beneficios y los posibles daños; pues hay múltiples instituciones públicas que tienen competencias en el ordenamiento territorial y han generado normativas contradictorias.

Esa falta de coordinación también ha generado que no haya una fuente de información consolidada sobre las actividades mineras, ni confianza de parte de las comunidades. Esto lleva a la negación desde algunos sectores, como lo resume Alcibíades Escué, alcalde de Toribío e integrante del Gdiam: “En las comunidades indígenas muchas veces se dice no a cualquier minería y es un no rotundo”.

Una segunda propuesta para hacer incluyente a la minería es crear de la Agencia Especializada en el Diálogo Intercultural, adscrita al Ministerio del Interior, que informe y mantenga un diálogo multilateral nacional y regional, ni más ni menos que lidere desde el Estado las polémicas consultas previas.

Según Miriam Villegas, exgerente del Incoder y también integrante del grupo, “este diálogo debe ser permanente, pues en la actualidad, las consultas que se realizan son para apagar incendios”. El Grupo asegura que con la Agencia el Estado garantizaría consultas libres e informadas, para proteger los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como los de toda la demás población.

Además, para los expertos es imprescindible garantizar la equidad en la distribución de los frutos de esta actividad productiva. “Se ha propuesto fortalecer las instituciones porque creemos que la falencia de la distribución de las regalías está en que no hay instituciones fuertes ni en términos de control, ni de herramientas, ni de información”, explica Luis Ernesto Mejía, exministro de minas e integrante del Gdiam.

El grupo también propone un sistema más transparente que use indicadores internacionales tanto en los costos de los productos, como en la logística. Además, proponen que las regalías no tengan tasas fijas, sino que se relacionen con los precios internacionales, “de manera que cuando haya buenos precios ganen ambas partes y cuando no, se acomoden tanto la comunidad, como la empresa y el Estado”, explicó Mejía.

En el mismo sentido, proponen unificar y articular las normas, pues la dispersión hoy dificulta la administración y crea espacios de evasión, y que se transfiera el recaudo de regalías a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para una repartición más equitativa.

Proteger el ambiente también es un interés minero

El segundo gran postulado de la propuesta apunta a una minería resiliente, que busque un balance positivo entre las comunidades que viven de esta actividad y el medio ambiente donde se desarrolla. Por eso dice que al proceso de licencia ambiental se le debe sumar un análisis global del impacto sobre la región donde se realizará una extracción.

El estudio ratifica la importancia de reorganizar las entidades ambientales, para que sean más eficientes. Así que propone reestructurar las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), para que supervisen y controlen los lineamientos de la minería en los departamentos.

En esa vía de reestructuración institucional, también propone que en el Ministerio de Ambiente se cree una Unidad de Planeación Ambiental y Territorial, que recolecte información y plantee estrategias futuras, en alianza con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y se cree una Comisión de Regulación de Ambiente y Territorio, para que evalúe las acciones de esa cartera.

Sobre el control ambiental, la participación de la comunidad vuelve a ser considerada como determinante, para que haya información clara sobre la gestión ambientalista de la minería en los territorios.

Competitividad, una prioridad a largo plazo

Para aumentar el nivel de competitividad de la minería Colombia se propone que se construya infraestructura, de forma que en quince años el país esté conectado con los principales productores del mundo.

En términos de eficiencia fiscal, el Grupo propone que sea estandarizado el esquema impositivo, para que sea aplicable a todo el sector, pues, dice Mejía: “No es disminuyendo los impuestos como se mejora la competitividad y no es aumentando sus cargas adicionales con respecto a la responsabilidad con las comunidades, como se hace más eficiente una empresa”.

Asimismo, dicen que se deben crear estrategias para que las empresas cuenten con los mejores instrumentos, prácticas y tecnología; en busca de ofrecer un medio ambiente competitivo. Además, el Grupo sostiene que el Estado también debe ser competitivo, con sistemas de educación adecuados, para que exista mano de obra calificada y en condiciones de conectividad.

Minería sí, pero con condiciones

La gran conclusión del Gdiam es que Colombia no podría ser un país minero al nivel de Chile, donde se realizó un trabajo similar, pero sí llegó al consenso que hay muchos recursos por aprovechar, al mismo que hay muchos bienes ambientales por proteger.

Mejía cita, como ejemplo, que el Gobierno no puede seguir adoptando prohibiciones puntuales, como el páramo de Santurbán, sin antes establecer mecanismos de desarrollo para las comunidades que llevan más de 250 años viviendo de la actividad minera.

El Gdiam considera que sería ideal que su estudio no se quede en propuesta, sino que las diferentes entidades relacionadas adopten y vuelvan realidad las reestructuraciones que proponen, porque, como manifestó Escué: “Este consenso no se realizó con el propósito de decir no a la minería desde una posición política, sino para invitar al país debatir para hacer más constructiva la minería”.