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El recurso busca que se investigue por estos hechos a Cárdenas por la presunta comisión de los delitos de celebración de contrato sin los requisitos legales, interés ilícito en la celebración de contratos, prevaricato, concierto para delinquir, entre otros.
El presidente de RedVer, Pablo Bustos, señaló en el documento que supuestamente se habría determinado y direccionado el proceso “para impedir la concurrencia real y efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final”.
En la acción se señala que como sólo hubo un oferente, el resultado del proceso fue ilegal e inconstitucional, afectándose supuestamente el interés, patrimonio y moralidad publica.
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