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El ministerio, en cabeza de Clara López, señaló además que por otras actividades que han sido consideradas como violatorias de la normatividad laboral, las multas impuestas a este sector llegan hasta los $3.000 millones.
Estos fueron los resultados que se dieron a conocer en una reunión entre la Ministra, representantes de la sociedad portuaria y gremios, con el objeto de encontrar soluciones que permitan la formalización laboral, además de buscar la eliminación de la figura de intermediación laboral, hecho considerado como ilegal por parte de la entidad.
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