¿Inversión social, el salvavidas a la violencia en Buenaventura?

La inversión “sin precedentes” que anunció el pasado fin de semana el Gobierno Nacional para Buenaventura fue calificada por diferentes sectores como un “salvavidas” para evitar que el Puerto siga sumergido en una crisis social.

Y es que el pasado sábado el presidente Juan Manuel Santos, durante su visita al municipio, anunció un plan de choque a corto plazo por cerca de $500 millones y un compromiso del Gobierno Nacional, a largo plazo, de conseguir recursos por unos US$400 millones para ejecutar un segundo plan de desarrollo en el Pacífico. 

Según lo explicó Santos, los primeros recursos se desembolsarían entre junio y julio de este año y la segunda inyección de presupuesto, pendiente de una Ley del nuevo Congreso, se realizaría en agosto. 

El Presidente llegó a Buenaventura un día después de la visita del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, y la cúpula militar; quienes estuvieron en el municipio para anunciar salidas a la crítica situación de violencia que enfrenta la ciudad, debido a una guerra entre bandas criminales que este año ha causado 63 asesinatos y ocho desmembramientos; además de desapariciones y desplazamientos. 

El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, celebró los aportes económicos del Gobierno, pues asegura que ayudarían a reducir la violencia. 
“Invertir a través de la Dirección de Protección Social, de empleos temporales, de más Familias en Acción, de Jóvenes Emprendedores y avanzar en los proyectos de saneamiento básico para Buenaventura es algo que ratifica el compromiso que tiene el Presidente con la transformación del Puerto”. 

El mandatario local también calificó como positiva la designación de Santos de un gerente social para el Puerto, que se encargue de impulsar y coordinar las inversiones en el municipio. 

Este cargo lo asumirá Luz Amanda Pulido, exdirectora de la Dirección Nacional de Prevención y Desastres. 

Para Alexánder Micolta, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, esta figura es muy importante porque “ella se encargará de articular con el Distrito las inversiones nacionales. Estoy seguro de que estos anuncios pronto se convertirán en hechos concretos que beneficiarán al municipio”. 

El obispo Héctor Epalza también se declaró complacido por los anuncios del Gobierno, aunque recordó que la protesta ciudadana contra la violencia se mantiene, a pesar de que algunos sectores especularon que luego de la visita de Santos se cancelaría la marcha de mañana, a la que convocaron los comerciantes para rechazar la barbarie de bandas criminales como los ‘Urabeños’ y la ‘Empresa’. 

“La decisión del plantón sigue en pie, pues es un mensaje que está enviando Buenaventura a nivel nacional e internacional de la gravedad de la situación que vivimos”, dijo el obispo, quien reiteró su llamado a declarar una emergencia social en el municipio. 

Destruirán ‘casas de pique’ 
El alcalde Bartolo Valencia anunció que demolerá las casas que han sido utilizadas para cometer homicidios y desmembramientos de personas, en respuesta a la petición que le hizo el comandante de la Policía de Buenaventura, coronel José Miguel Correa, quien denunció que en los barrios Viento Libre y San José existen algunas viviendas que estarían siendo utilizadas por las bandas para cometer crímenes. 

Y es que la mayoría de los cuerpos desmembrados han sido hallados en zonas de baja mar, cerca a estos barrios que son focos de violencia. 

Se espera, entonces, que esta semana la Alcaldía, junto con investigadores del CTI, determinen cuáles son los inmuebles que se encuentran abandonados y que no aparecen con dueño, teniendo en cuenta que muchos de sus antiguos propietarios ya fueron reubicados en la urbanización San Antonio. Se estima que podrían ser unas cien las casas abandonadas. 

Sin embargo, un habitante del barrio Viento Libre recordó que aún hay personas que viven en esas viviendas. “Muchos siguen esperando una reubicación, no las pueden tumbar todas porque los dejarían en la calle”. 

La semana pasada los funcionarios del CTI que investigan las denuncias de la existencia de las ‘casas de pique’ afirmaron que en el barrio Viento Libre se detectaron tres viviendas abandonadas en las que se hallaron rastros de sangre en tablas y plásticos.