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Luego de revisar 85 de los 298 contratos de Obras con Participación Ciudadana (OPC) celebrados desde el año 2005 a través de la gerencia de proyectos del Instituto de la Participación y Acción Comunal (Idpac), se encontró que hay dudas sobre la legalidad jurídica y administrativa.
Lo que implicaría un riesgo por cerca de $11.000 millones de los Fondos de Desarrollo Local.
'Estas irregularidades han sido puestas a consideración de los órganos de control, en la tarde de ayer', dijo José Miguel Sánchez, director del Idpac. Las Obras de Participación Ciudadana, explicó, son la continuación de un proyecto que se inició en 2001 y ha continuado desde el gobierno de Enrique Peñalosa. Los hallazgos presentados revelan anomalías en la ejecución de contratos de consultoría, contratos de obra, interventorías y la supervisión de los mismos.
'Este informe se desprende de 298 contratos sobre los cuales se inició un análisis jurídico, técnico y financiero para verificar su debida suscripción con organizaciones comunales bajo la modalidad OPC, y cuyo monto total supera los $24.000 millones correspondientes a recursos de los Fondos de Desarrollo Local, afirmó Sánchez.
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