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El funcionario indicó que “la sentencia tiene un costo fiscal de $335.000 millones anuales”, y beneficia a las personas con mayor capacidad contributiva, es decir, a las personas con ingresos anuales superiores a $43 millones.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, la decisión del alto Tribunal va en contra del principio de progresividad y “pone de presente que el fallo omite la obligación de quienes tienen mayor capacidad de asumir obligaciones correlativas a sus ingresos”.
El Ministerio de Hacienda aclara que, antes del fallo, un empleado o trabajador independiente con ingresos superiores de $500 millones anuales ($41.667.000 al mes) tributaba con Iman a una tarifa implícita de 15.9% y en consecuencia pagaba $79,6 millones de impuesto de renta.
Para este segmento de personas, la Corte redujo la tarifa implícita a 9,8%, lo que se traduce en un descuento en el impuesto de $30,8 millones, pues pasaría a pagar $48,8 millones (suponiendo que el valor por Iman es superior a la renta ordinaria).
El ministro Cárdenas solicitó a la Corte diferir los efectos del fallo por un año para que en el marco de la reforma tributaria estructural se revise de manera sistemática, integral y uniforme el ordenamiento tributario en su conjunto y en particular los beneficios existentes.
El Iman (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional) y el Imas (Impuesto Mínimo Alternativo Simple) son dos sistemas alternativos de determinación del impuesto de renta que fortalecían el principio de progresividad del sistema tributario.
El Iman creó un “piso” mínimo de tributación para personas de altos ingresos. El Imas permite presentar una declaración simplificada del impuesto en el cual se establecen tarifas reducidas y procedimientos simples para efectos de facilitar el pago.
El documento aún está en proceso de expedición normativa y no ha sido publicado, por lo que no se encuentra vigente
Si bien hubo una mejora gradual, factores como la incertidumbre y la menor contratación persisten en el sector e impactan en ventas de algunos subsectores
El Ministerio de Comercio detalló que la decisión se tomó con base en unos estudios que señalaron que las importaciones de alambrón proveniente de países que no tienen convenio crecieron 9%
