La audiencia programada para llegar a una conciliación entre EPM y los constructores hace que la obra esté en riesgo, según veeduría ciudadana

Ana María Sánchez - amsanchez@larepublica.com.co

Desde hace algunos meses se anunció la fecha que tendría la audiencia de conciliación entre EPM y los constructores de Hidroituango, con el fin de establecer un posible acuerdo a la demanda por $9,9 billones que se interpuso.

Sin embargo, esta ha venido dilatándose y hoy, más de dos meses después, sigue sin celebrarse el acuerdo que daría la posibilidad de seguir con la obra, tal y como se planeó.

La demora ha sido criticada por varios actores del sector, en especial, por la veeduría ciudadana TodosxMedellín, la cual advierte que el riesgo de no llevar a cabo la audiencia lo antes posible recae en que se retrase el cronograma, por lo que la obra ya no estaría lista en 2025 como se ha planteado.

Precisamente, el tema central radica en el riesgo que supondría para el sistema eléctrico nacional el no contar con Hidroituango. Expertos del sector aseguran que, además de los retrasos del cronograma, en 2022 podría haber un efecto negativo en las tarifas de energía, pues mientras la demanda seguiría creciendo, la oferta no daría a basto por la estrechez que generaría en el sistema el no tener en funcionamiento la obra.

Y aunque hay un horizonte de casi año y medio para que el Gobierno garantice la energía, sigue habiendo un panorama nublado por las fluctuaciones que puede haber en los embalses y loa altos precios.

Alejandro Lucio Chaustre, director de Óptima Consultores y exdirector de SER Colombia, resaltó que, “lo importante es que los proyectos adjudicados en la subasta, en efecto, entren en operación en 2023, si no es así habría un eventual riesgo de desabastecimiento si en 2023 hubiera un fenómeno de El Niño, e Hidroituango no entra, las plantas adjudicadas tampoco y la demanda crece suficientemente”.

LOS CONTRASTES

  • Alejandro Lucio ChaustreDirector de Óptima Consultores

    “La afectación del proyecto de Hidroituango realmente depende de la duración del retraso. Si esta demora no va más allá de 2023, el impacto no debería ser considerable”.

Por otra parte, miembros de la veeduría ciudadana TodosxMedellín recalcaron que, sin un acuerdo extrajudicial entre las partes, bien sea en la audiencia de conciliación o mediante cualquier otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos, no se podrá mantener el proceso de construcción, ni el cumplimiento del cronograma hasta la entrega de la obra.

Así mismo, señalaron que la importancia de hacer el acuerdo es urgente, pues si EPM insiste en la presentación de la demanda, Hidroituango probablemente quedará sin contratista a partir del primero de enero de 2021 y, además, generará la pérdida de confianza de los prestamistas del Grupo EPM en la capacidad de pago de sus obligaciones financieras en los términos pactados, particularmente en los vencimientos de créditos entre 2027 y 2029 superiores a US$1.000 millones.

Otro punto importante a resaltar es que, de no darse la construcción, en 2025 no se generarían $2,2 billones en Ebitda y tampoco transferencias de más de $500.000 millones a Medellín.