“Esta es una lucha contra la historia”: Director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras

El primer caso se configuró recientemente, cuando el juez primero de Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció que dichas familias sí son víctimas y avaló las reclamaciones para retornar a sus terrenos. Del otro escenario se tuvo noticia en los últimos días cuando Fabio Camargo, director de la Unidad en el Magdalena Medio, habló de la captura, en Rionegro y Sabana de Torres (Santander) y San Alberto (Cesar) de trece falsos reclamantes. 

En entrevista con Colprensa Ricardo Sabogal, director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras (URT), y quien califica la restitución como “una lucha contra la historia”, presenta un balance del proceso de restitución en el país con énfasis en los casos de Santander, Bolívar, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia. 

¿Cómo ha avanzado el proceso de restitución, luego de tres años de creada la Unidad? 
Ya podemos estar con una buena parte del problema en nuestras bases de datos. Hasta el momento tenemos cien mil hectáreas con sentencia restitutiva. Han sido beneficiadas, por lo menos, 13.000 personas. 

¿Cuántas denuncias de reclamación de tierras están llegando? 
Nos han llegado cerca 75.000, aunque las reclamaciones han bajado. 

¿Cómo evitan que ‘les metan los dedos a la boca’? 
Recibimos las reclamaciones y, tras ver si en la zona hay seguridad, empezamos a indagar. Determinamos quién es la persona que reclama, a quién le reclama y establecemos por qué lo hace. Además, miramos si se trata de una transacción y cómo se cumplió, si hubo hechos de violencia, etcétera. Esto es muy complejo, pero ya tenemos la experiencia y eso ayuda mucho, ya tenemos el mapa en la cabeza. Finalmente decidimos si entra o no en el proceso de restitución. 

¿Qué tan comunes son los casos de falsos reclamantes? 
Algunos se presentan, pero en 95% de los casos que llevamos a los jueces nos dan la razón. Muchos no los tramitamos por tratarse de disputas entre vecinos o de peleas entre hermanos por sucesiones, o casos en los que se quieren recuperar tierras perdidas en la Guerra de los Mil Días. Esta es una lucha contra la historia. 

¿Han detectado casos con los que se busque lavar dinero? 
Ha habido casos en el Meta donde creemos que se ha pretendido eso. Se trata de supuestos despojos por estaciones de gasolina o de asesinatos. Si bien los hechos criminales se dieron, la razón está fundada en vendettas, y no en el conflicto interno. 

¿Qué pasa con los falsos reclamantes? 
Los enviamos a la Fiscalía. En caso de ser condenados, la ley establece penas de prisión de entre ocho y 12 años. 

¿Quién reclama tiene que verse la cara con los victimarios? 
No. El Estado es quien representa a la víctima. Eso hace que el proceso sea eficiente y así la gente no tiene que verse con personajes como Mancuso, ‘Jorge 40’ o los Castaño. 

¿Quiénes son los mayores despojadores de tierras? 
Según los reclamantes, un 37% fue la guerrilla, otro 35% los paramilitares y 20% dicen no identificar bien a sus victimarios. Un pequeño porcentaje señala a las bandas criminales. 

¿Qué zonas han sido las más complicadas? 
Una es Urabá. En esta el tema ha sido muy difícil por la cantidad de casos que se reportan. Solo allá tenemos cerca de 700 casos ante los jueces. El bajo Cauca también reporta muchas dificultades, por razones de orden público. En el Catatumbo no hemos podido entrar en forma, por el conflicto. Putumayo es otro punto complejo, también por orden público, lo mismo sucede en parte de Nariño y Cauca, en el sur del Tolima y en el sur del Meta. 

¿Qué respaldo tienen quienes retornan? 
La restitución la hacemos de la mano de todas las instituciones del Estado. Así, donde estamos llegando, estamos acompañando a las familias y no nos las están sacando. 

¿Hay proyectos productivos? 
El presidente (Juan Manuel) Santos dijo que no iba a devolver tierra pelada y la Unidad tiene un programa que le ayuda a cada familia con un proyecto productivo. Tenemos un equipo técnico que guía a las familias en el proceso y la implementación, además de acompañarlas para saber cómo van. 

¿Por qué en algunas zonas han recurrido a la invasión de predios como presión al proceso? 
En la zona de Urabá se dieron casos. Son vías de hecho en muy pocas fincas, ocupadas por la fuerza; en la mayoría de los casos, por no decir en todos, la invasión se da en la entrada del predio, no dentro. Esos casos están en la Fiscalía. 

¿Qué pasó con la orden del presidente de emitir una norma para que se frene la restitución cuando sucedan esos casos? 
Estamos estudiando el mecanismo con el equipo jurídico de la Unidad. 

Mucho se habla de un eventual testaferrato que se estaría configurando en esas invasiones, que sería impulsado por ex paras que están a punto de cumplir las penas impuestas por la ley de Justicia y Paz… 
No tenemos pruebas de eso. Estamos convencidos de la protección para la propiedad privada y rechazamos las vías de hecho. Podría haber intereses de alguien, pero no tenemos pruebas, pero es claro que hay intereses para sabotear el proceso de restitución. 

¿Por qué diría usted que la ley sí es efectiva? 
Porque la sentencia no tiene apelación y porque los jueces son exclusivos para estos temas. 

¿Cuándo espera terminar la tarea? 
Si estuviéramos en postconflicto, alcanzaríamos en el plazo dado por la ley, es decir, en 10 años (ya se han cumplido tres de ellos). Si no hay acuerdo en La Habana (Cuba), creo que será muy difícil avanzar, pues hay zonas en las que es muy difícil trabajar.