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Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas
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Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, dijo que es necesario acelerar los proyectos para reducir la dependencia energética, que hoy surte más de 20% de la demanda
En diciembre de 2024 se marcó un punto de quiebre en la autosuficiencia energética de Colombia cuando se comenzó a importar gas natural, debido a la caída en la producción nacional de este hidrocarburo. Aunque desde 2016 ya se utilizaba este recurso para abastecer las centrales térmicas, especialmente durante episodios como el fenómeno de El Niño, el panorama actual es preocupante ya que 21% de la demanda ya se cubre con importaciones.
En Inside LR, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, advirtió que la dependencia energética del exterior es un riesgo y aseguró que factores como las tensiones geopolíticas, la compra de gas en el mercado spot y la falta de contratos de largo plazo pueden presionar aún más los costos, con efectos directos sobre la industria, la competitividad y el bolsillo de los consumidores.
Las tensiones geopolíticas y los conflictos tienen un impacto en el precio del gas natural licuado, principalmente porque Asia y Europa dependen en 20% de la producción que proviene de Catar y que se transporta a través del estrecho de Ormuz, hoy bajo control de Irán.
En Colombia, antes del inicio de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya se había adquirido el gas natural importado necesario hasta mayo. Esto significa que, en materia de precios, el país está cubierto frente a los efectos del conflicto hasta ese mes. Pero si la situación se extiende, cuando sea necesario volver a comprar para abastecer la demanda térmica y no térmica, habrá un impacto en los precios.
Por eso es clave apostar por la producción local y aprovechar el potencial de gas tanto en áreas continentales como en el mar Caribe, con el fin de recuperar la autosuficiencia perdida desde diciembre de 2024.
El problema de Colombia no es de recursos, sino la demora en la entrada de los proyectos. El país tiene gas, pero es necesario agilizar trámites, consultas previas y autorizaciones para que las iniciativas que permitan producir ese recurso, hoy en el subsuelo, entren en operación en el menor tiempo posible.
Se deben crear mecanismos que aceleren la ejecución de proyectos estratégicos que incrementen la oferta. Lo que Colombia necesita es tener más gas, no menos, para mantener la competitividad.
El sector más afectado hoy es la industria, ya que necesita mantener bajos los costos de producción. La pérdida de competitividad del gas, asociada a la importación a precios internacionales, no ha permitido sostener esos costos, por lo que muchas empresas están migrando hacia combustibles más contaminantes.
Cuando se habla de industria no se habla solo de máquinas o fábricas, sino también de personas. La pérdida de competitividad del gas afecta a los empleados y también al precio final de los productos. Por eso, es necesario proteger a las familias, no solo a través de las tarifas del servicio público, sino también del costo de los bienes que consumen.
Tenemos la responsabilidad de garantizar el suministro de gas natural a toda la demanda del país, porque, de lo contrario, la sustitución se dará hacia energéticos más contaminantes, tal como ya ha empezado a ocurrir.
“Mientras aumentan las importaciones de gas en Colombia, otros países como México evalúan el fracking para reducir su dependencia del gas importado”.
En materia de abastecimiento, es necesario habilitar todas las fuentes de suministro de gas, tanto locales como externas. En estas últimas no solo se incluye el gas natural licuado que llega por el Caribe o el Pacífico, sino también Venezuela. Colombia cuenta con un gasoducto que conecta ambos países y que puede ser recuperado, ya que no se utiliza desde 2015, lo que permitiría en el futuro importar gas desde ese país en fase gaseosa.
Para evitar una suspensión del servicio, sumar gas importado ha sido necesario, porque no tenerlo puede resultar más costoso. Cuando se habla de incrementar la oferta para lograr mejores precios, se incluye tanto el gas nacional como el importado.
Un dato clave es que ese gasoducto (Ricaurte) es propiedad de Pdvsa, que asumió 100% de la inversión en su construcción, finalizada en 2007. Por lo tanto, su recuperación deberá estar a cargo de esa compañía, bajo el esquema de negocio que defina.
En cuanto al costo, solo Pdvsa tiene la información precisa sobre la inversión requerida para reactivar la infraestructura. El gasoducto no se utiliza desde 2015, por lo que será necesario realizar inversiones para ponerlo nuevamente en operación. Una vez superado ese primer paso, se podrán estructurar las transacciones comerciales para la compra del gas.
Hasta que no se conozcan transacciones reales y contratos suscritos, no se puede hablar del costo de la molécula.
Es necesario viabilizar proyectos de importación que permitan atender la demanda hoy, evitar la suspensión del servicio y garantizar confiabilidad en el futuro, de modo que, ante cualquier imprevisto, se pueda contar con el gas que requieren 36 millones de colombianos.
Para garantizar y encontrar el gas que está en el subsuelo, es necesario incrementar la actividad exploratoria, es decir, perforar más pozos. A mayor número de pozos, mayor probabilidad de encontrar gas. Esta es una actividad en la que el inversionista asume 100% del riesgo, ya que puede perforar y no encontrar resultados, por lo que se requiere una mayor intensidad exploratoria.
Sirius es un pozo con potencial para abastecer 45% de la demanda nacional, similar a lo que representaron Cusiana hace 40 años o Chuchupa hace casi 50, que permitieron el desarrollo del mercado y beneficiaron a millones de familias.
Se trata de un proyecto de interés nacional que requiere la articulación de comunidades, gobiernos locales, Gobierno Nacional y la industria para anticipar su ejecución. Para su desarrollo es necesario perforar tres pozos adicionales, construir un gasoducto desde el mar hasta tierra firme y una planta de tratamiento antes de integrarlo al sistema de transporte.
Estas obras implican inversiones cercanas a US$3.000 millones y requieren consultas previas. Sin embargo, el aumento en el número de comunidades a consultar y la falta de claridad sobre cuántas deben participar han retrasado el avance del proyecto, lo que a su vez es un requisito para solicitar la licencia ambiental e iniciar la construcción.
Por eso, es fundamental que las instituciones y las comunidades se alineen en torno a este proyecto, que más allá de intereses particulares busca garantizar el suministro de gas a 36 millones de colombianos que hoy dependen de este servicio.
Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en derecho tributario de la misma institución. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector minero energético. Se desempeñó como vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde promovió la inversión extranjera, especialmente en exploración y producción costa afuera. También fue gerente de exploración en la misma entidad. Trabajó en Ecopetrol durante ocho años como asesora tributaria a lo largo de toda la cadena de valor del negocio. Participó en la determinación del valor de la acción para salir al mercado.
Ravelo dijo que la decisión tomada fue autónoma pese a las presiones de los accionistas minoritarios y de los trabajadores de la USO
La cartera precisó que los cálculos del texto preliminar tuvieron en cuenta un crecimiento económico de 2,6% para 2026 y de 3% para 2027
Esta decisión se suma a la de Fitch Ratings en diciembre, cuando bajó la nota del país de BB+ a BB con perspectiva estable por “elevados y persistentes déficits fiscales”
