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En 2016 el oleoducto más importante del país fue víctima de 43 ataques terroristas
El bombeo de petróleo por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno de los más importantes para el transporte y exportación de crudo colombiano, completó 56 días suspendido por una escalada de ataques y la instalación de válvulas ilícitas por parte de grupos armados ilegales, informó el martes Ecopetrol.
La tubería de 780 kilómetros de longitud ha sido objeto de 38 ataques en el 2017, atribuidos por las autoridades militares al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero del país, mientras se han descubierto decenas de válvulas ilegales para el robo de crudo.
Los atentados y la instalación de conexiones ilícitas en el oleoducto han provocado el derrame de 11.064 barriles de petróleo y el hurto de otros 100.000 barriles en lo que va del año.
Aunque se trata de una de las parálisis más prolongadas desde que el oleoducto comenzó a funcionar a mediados de la década de 1980, la actividad en el campo de Caño Limón, operado por la estadounidense Occidental y ubicado en el departamento de Arauca, no se ha visto afectada.
La producción de crudo del campo Caño Limón está siendo evacuada por otro oleoducto, explicó una fuente de Ecopetrol.
"Las labores de reparación del oleoducto se han retrasado debido a los continuos hostigamientos con disparos a los helicópteros que transportan el personal, así como la incineración de maquinaria y la instalación de minas antipersona en algunas zonas donde se han cometido los ilícitos", dijo un comunicado de Ecopetrol.
Los ataques del ELN contra la infraestructura petrolera son frecuentes en Colombia. En el 2016, el oleoducto fue blanco de 43 ataques que provocaron derrame de crudo y contaminación ambiental.
El Gobierno y el ELN, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, iniciaron en febrero en Ecuador una negociación formal de paz que avanza en medio de las hostilidades.
El ELN cuenta con unos 2.000 combatientes y se opone a la presencia de empresas multinacionales en el sector minero y petrolero, argumentando que se apoderan de los recursos naturales sin dejar beneficios a la población ni a la economía del país.
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