Doce ingenios y 18 personas, a responder ante la SIC por violaciones a la libre competencia

Un nuevo capítulo tendrá la investigación que cursa en la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el pasado mes de febrero de 2012, por la presunta conformación de un cartel entre los ingenios azucareros que operan en el Valle del Cauca y norte del Cauca, con el fin de bloquear la entrada de azúcar proveniente del exterior y aumentar el precio en el mercado interno.

La entidad  anunció una nueva investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en el mercado del azúcar en la que estarían involucradas 18 personas naturales, que se suman a los 12 ingenios que venían siendo investigados.

En el listado que entregó la entidad reguladora se encuentran el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro; el representante legal de Riopaila Castilla, Djalma Teixeira De Lima, y los exrepresentante legales de la compañía Alfonso Ocampo Gaviria y Harold Antonio Cerón Rodríguez. Asimismo, se encuentran Juan José Lulle, representante legal del Ingenio del Cauca; Luís Augusto Jaramillo Palacio, representante legal de Dicsa, y Clemente Carlos Mira, representante legal de Ciamsa, entre otros.

En su investigación, la SIC pretende determinar si las empresas y asociaciones involucradas infringieron lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 que prohíbe los acuerdos que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias  primas, productos o mercancías nacionales o extranjeros, y en general toda clase de conductas tendientes a limitar la libre competencia.

Así como el numeral 4 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que sanciona los acuerdos que tengan por objeto la asignación de cuotas de producción o de suministro (determinar la existencia de un cartel en la asignación de cuotas o repartición del mercado); y  el numeral 10 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que sanciona los acuerdos que tengan por efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o los canales de comercialización.

Con base en las pruebas recaudadas en averiguación preliminar, la SIC encontró, entre otras, que las participaciones de mercado de los ingenios azucareros durante el período 2006-2010 tendieron a ser constantes, cuestión que podría ser el resultado del equilibrio óptimo de un cartel presuntamente realizado por los ingenios investigados, y bajo la coordinación de Asocaña, organización que en su calidad de administradora del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), habría servido para difundir información sensible que habría permitido la no competencia entre los ingenios. El presunto acuerdo de no competencia, junto con el intercambio de información, habrían resultado en la repartición de cuotas de producción de azúcar en el territorio colombiano.

Adicionalmente, la SIC encontró pruebas de un posible acuerdo anticompetitivo entre los ingenios azucareros conforme al cual, a través de las sociedades Dicsa y Ciamsa, junto con Asocaña, habrían acordado la restricción u obstrucción de las importaciones de azúcar extranjera al país, incluyendo aquellas importaciones que intentaban realizar los distribuidores mayoristas de azúcar en Colombia y los industriales colombianos.

Al término de la investigación no solo se podrían dar millonarias multas en el orden de $60.000 millones para cada Ingenio investigado, sino también puede implicar órdenes que cambien o eliminen el Fepa.

Al respecto Asocaña, a través de una carta enviada a la Revista Semana (medio que hizo un informe del tema), señaló que sobre un supuesto acuerdo para fijar cuotas de producción, el 25 de junio de 2012 el Ministerio de Agricultura se había  pronunciado desvirtuando los motivos de la investigación promovida por algunas empresas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, afirmando “A la luz de los objetivos del Fepa, no se pueden esperar cambios sustanciales en la composición de un mercado consolidado, como el de la producción de azúcar y que, como bien lo señala la SIC, enfrenta barreras naturales a la entrada de competidores”.

En ese orden de ideas la entidad resaltó que "el Fepa no establece cuotas de mercado, ni fija precios o niveles de producción, no determina políticas ni lineamientos de exportación o de distribución y no regula ni interviene las relaciones entre los ingenios y sus proveedores, así como tampoco, entre los ingenios y sus compradores”.