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Novoa les advirtió que "en la 'Bogotá Humana', respetuosa de los derechos humanos, no hay lugar a la justicia privada". El funcionario añadió que el monopolio de la fuerza recae excluvisamente en la Fuerza Pública y, por esta razón, dijo que van a "garantizar la tranquilidad, la preservación de los derechos y de las libertades de ocho millones de bogotanos".
El secretario (e) General le pidió nuevamente al Gobierno Nacional, específicamente al vicepresidente Germán Vargas Lleras, que tome una decisión sobre la reglamentación del servicio Uber. A su turno, el general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana, advirtió que contra quienes pretendan violar la ley "se tomarán las medidas pertinentes, incluyendo, la judicialización".
El Distrito le respondió así a Ospina, líder de un grupo de taxistas, quien aseguró que desde ayer operan 52 bloques de búsqueda contra los vehículos que operan bajo este servicio. Además, dijo que la idea también es bajar de los carros a los pasajeros. Las declaraciones fueron realizadas en un foro en el Concejo de Bogotá.
El cabildante Antonio Sanguino le envió una carta al vicepresidente Vargas Lleras, en donde le pidió que el Gobierno adopte una postura frente a estas plataformas. "En lo que respecta a las aplicaciones o plataformas tecnológicas para la prestación del servicio de transporte indivual podría seguir el ejemplo de Ciudad de México, que en meses pasados logró concertar entre el gobierno, las empresas prestadoras del servicio público de taxi, propietarios, conductores y los representantes de las aplicaciones", escribió Sanguino.
Guatibonza advirtió que 1.300 uniformados garantizarán la seguridad en las calles y se realizarán operativos. "No vamos a permitir que nadie se tome la justicia por sus propias manos. Aquí hay unas autoridades legítimamente formadas", dijo.
Según explicaron las entidades, el Código Único garantiza la correcta identificación de los productos, incluso cuando se presentan modificaciones en el registro sanitario
Este cronograma aplica para impuestos nacionales y contempla tanto obligaciones formales como sustanciales, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2229 de 2023
El proceso comercial se extenderá hasta la tercera semana de febrero de 2026, periodo en el que se espera concretar la firma de los contratos