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El 2 de diciembre vence el plazo para los grandes contribuyentes. Cerca de 2.300 de estas empresas aún no se han unido al sistema.
El próximo lunes 2 de diciembre es la hora cero para que las empresas clasificadas como grandes contribuyentes empiecen a facturar electrónicamente.
De ese modo, se calcula que diariamente se comenzarán a procesar entre 2,5 millones y tres millones de estos documentos diariamente.
Según la Dian, a la fecha ya hay 22.000 empresas, entre grandes y pequeñas, que están facturando electrónicamente. Sin embargo, del grupo de grandes contribuyentes que suma 3.500 compañías en total, falta que 2.300 empiecen a usar este sistema.
“Con una ley anterior, la 1819 de 2016, los grandes contribuyentes tenían que unirse el 1 de enero de 2019, pero estaban en una versión que se llamaba convalidación posterior, en la que enviaban la factura y se demoraba dos días. Y con la ley 1943 de 2018, este año empezamos a migrar a esa empresas a la versión dos, para que el método funcione de manera previa. Con ese cambio, todos los grandes contribuyentes y un sector de la industria tienen que empezar a facturar en la nueva versión este lunes”, señaló Mario Márquez, gerente del proyecto de factura electrónica de la Dian. Ese otro sector es el farmacéutico, electromecánico, de plásticos y las empresas dedicadas tanto a fabricar cajas como muebles.
“En términos de transparencia, este es un paso importante, teniendo en cuenta que 40% de la economía del país es informal. Además hará eficientes los procesos”.
Las demás empresas tienen la obligatoriedad de adoptar este sistema conforme a un calendario publicado por la entidad, que culminará en agosto de 2020. Cabe resaltar que si no se encuentra obligado a facturar electrónicamente en relación con la actividad económica registrada en el RUT, pero desarrolla actividades adicionales que lo obligan a expedir factura electrónica de venta, esta persona deberá cumplir con la implementación del sistema.
El siguiente paso consta de evaluar la propuesta de referendo en el Congreso para revisar si se ajusta a principios constitucionales.
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