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La entidad concluyó que en estos lugares se presentan fallas en la normatividad sanitaria que se debe cumplir, deficiencia en la manipulación de los alimentos e irregularidades en la contratación. Con este panorama, el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora pidió la intervención de la Procuraduría, el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.
Tras las denuncias de la Defensoría, la ministra de Educación Gina Parody dijo que hay que armar "un frente común por la alimentación de los niños". Además, advirtió que personalmente está liderando el proyecto de Alimentación Escolar porque cree que "ya es tiempo de que este programa le quede bien al país".
La funcionaria anunció que reforzaron las "interventorías en 11 entidades territoriales certificadas para vigilar que se inviertan los recursos adecuadamente". El programa de alimentación escolar, según explicó, es un complemento para asegurar la presencia de los jóvenes en los colegios.
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