María Alejandra Solano Vargas
El tema que más ha generado controversia en torno a la ley estatutaria de reforma a la salud, que fue aprobada anoche en plenaria por la Cámara de Representantes, es el de la financiación del sistema. Si el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho, y el proyecto elimina el Plan de Beneficios, ¿de donde saldrán los recursos para cubrir las enfermedades de los colombianos? Este planteamiento es la mayor preocupación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
“Con está ley estatutaria el país decidió que se iba a acabar con el Plan de Beneficios y se iban a garantizar varios servicios. Esperamos que el Gobierno defina cómo se va a financiar. Si va a decir que con la misma plata que se destina actualmente, podría haber dificultades. Incluso, podría aumentar el valor de las prestaciones en salud”, aseguró José Fernando Cardona, Presidente de Nueva EPS.
El texto de la norma, aprobado en la plenaria de la Cámara, plantea que los recursos públicos de la salud no podrán destinarse a servicios o tecnologías que tengan como finalidad lo cosmético o lo suntuario, que no se relacione con la recuperación, que no exista evidencia científica, que su uso no haya sido autorizado y los que estén en fase de experimentación.
“El Gobierno cumplió con el propósito de sacar adelante una ley, hizo muchos esfuerzos para que no saliera con efectos nocivos para el sistema. Mientras no haga daño significa un avance en el derecho a la salud. No obstante, al aprobarse un plan ilimitado de servicios habría una preocupación de muchos sectores de pensamiento económico sobre la sostenibilidad del sistema. Hay que tener en cuenta si esto es financiable o no. Si no es financiable, eventualmente crecería el número de tutelas”, aseguró Jaime Arias, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), entidad que agrupa a las más grandes EPS del país.
Uno de los cambios de fondo que se hicieron al proyecto en la Plenaria de Senado es la limitación del derecho a los recursos del Estado. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidió que la norma se condicionara a la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, no hay recursos que permitan atender la salud, no se sabe cuanto podrá costar un tratamiento. “El cálculo para eso se queda corto. Definitivamente habría que recurrir a hacer recortes de otros presupuestos”, dijo Carlos Fernando Martínez, experto en economía.
Por otro lado, para algunos la sostenibilidad fiscal podría ser un potencial golpe a la tutela en salud y a la limitación del derecho. “Yo creo que el proyecto trae avances. Por primera vez se hace realidad lo que dijo la Corte Constitucional. Sin embargo, el derecho de alguna manera quedado atado a la voluntad política. El alcance del derecho va a estar limitado a las finanzas del Estado. Eso tiene todo el sentido sobre sostenibilidad financiera, pero en el derecho se circunscribe. Qué va a pasar si el dinero no alcanza ¿Los pacientes se van a empezar a morir? Es una brecha estrecha”, aseguró Rodrigo Cordoba, experto en salud. “En el sistema de salud garantiza ciertos servicios. No sabemos si la gente tendrán que pagarlos de su bolsillo”, advirtió Laura Ramírez, vocera de Pacientes Colombia.
Nuevas reglas para la entrega de los medicamentos
El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó nuevos lineamientos que debe tener en cuenta el régimen contributivo y el subsidiado para la para la entrega oportuna de medicamentos. En un tiempo no mayor a 48 horas se deberán entregar los medicamentos a los pacientes en el lugar de residencia y trabajo del afiliado. ““Se entiende que el plazo establecido de 48 horas comprende el tiempo transcurrido después que el afiliado reclama los medicamentos. Tendrá como finalidad servir de herramienta de información a las autoridades sanitarias y permitirá la formulación de políticas, toma de decisiones y monitoreo que requiere el sistema”, establece la norma.
Las opiniones
Jaime Arias Ramírez
Presidente de Acemi
“El médico es el que va a decidir a nivel micro. Esto implica una responsabilidad importante para los gremios y las Sociedades Científicas”.
José Fernando Cardona
Presidente de la Nueva EPS
“El país decidió que se iba a acabar con el plan de beneficios. Esperamos que el Gobierno defina cómo se va a financiar”.
