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Aseguran que puede haber menos gastos de funcionamiento y señaló que la ley de financiamiento no resuelve problemas de fondo
Un informe de Corficolombiana señaló que la Ley de Financiamiento es innecesaria e inconveniente. La organización afirmó que el Presupuesto General presentado por el Gobierno es inconsistente y no va acorde a la capacidad fiscal. Se hizo referencia a que los gastos de funcionamiento pueden ser ajustados para 2025.
“Los gastos de funcionamiento aumentan de forma desproporcionada”, afirmó Corficolombiana. La entidad hizo referencia a que el proyecto de Ley de Financiamiento propende recaudar $11,8 billones, es decir, 0,7% del PIB, con la finalidad de financiar los planes para 2025.
“Existen gastos de funcionamiento que son más inflexibles porque están establecidos por la Constitución o por la ley. Hay posibilidad de recorte en el rubro de otras transferencias. Lo que se puede hacer es no ampliar la planta de funcionarios en las entidades públicas”, manifestó el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
En gastos de funcionamiento hay espacio para ajustes. En este Gobierno se creó un Ministerio de la Igualdad, y no ha habido eficiencia en ejecución presupuestal, y esto incrementa los gastos. Es cierto que hay un grado de inflexibilidad, pero el Gobierno no ha tomado decisiones en hacer recortes”, argumentó Daniel Velandia, director de Investigaciones en Credicorp.
Frente a los ingresos esperados, Corficolombiana mencionó que para 2025 se esperarían $5,3 billones que tendrían como origen la anticipación del fin de la transición de la regla fiscal.
“Flexibilizar la regla fiscal debilita su credibilidad para garantizar la sostenibilidad, lo cual aumentará los niveles de deuda pública y presionará al alza la prima de riesgo”, se mencionó en el informe.
La compañía apuntó que el proyecto tributario es inconveniente para la reactivación económica, y señaló que aunque la tasa de renta corporativa se reduce, hay impuestos al patrimonio, y se eleva la carga tributaria de personas naturales sin ampliar la base de contribuyentes.
La corporación concluyó que la inestabilidad en las reglas de juego impacta en la confianza inversionista y dificulta la planificación. También, afirmó que el recaudo esperado en 2026 sería inferior a 0,2% del PIB, “lo cual evidencia que el proyecto no tiene un enfoque estructural y probablemente el próximo gobierno tendrá que presentar otra reforma”.
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