.
AGRO

Contraloría realizó ocho hallazgos administrativos en contrato del Fondo Nacional del Ganado

martes, 7 de mayo de 2019

Se le solicita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizar un plan de mejoramiento para solucionar deficiencias

Carlos Gustavo Rodríguez Salcedo

La Contraloría General de la República entregó el informe final sobre los resultados de la actuación especial que realizó al contrato que le entregó el manejo del Fondo Nacional del Ganado a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Según las conclusiones, el órgano de control estableció ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen presunta incidencia disciplinaria y dos más tienen presunta incidencia penal.

Además, la Contraloría le pidió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizar un plan de mejoramiento para solucionar las deficiencias que encontró la actuación especial.

En el informe se concluyó que no se acataron los protocolos y los parámetros legales "para el adecuado uso, tratamiento y entrega de la información de datos personales consignados en el aplicativo/software SAGARI, información que fue suministrada a Fedegan sin sustento legal ni contractual". Además, la Contraloría evidenció inconsistencias sobre los porcentajes de cumplimento para los lineamentos establecidos en el estudio de representatividad y encontró que "no se acató el cumplimiento del estudio de democracia interna".

Según el órgano de control, este estudio de representatividad no era suficiente para que fuera uno de los argumentos para entregarle el contrato al gremio de los ganaderos. El informe asegura que en dicho estudio "no se constata el cumplimiento de los requisitos de representatividad y democracia interna que permitieran concluir que, en efecto, solo existe un gremio que cumpliera con dichos mandatos, exigencias que, por demás, según lineamientos jurisprudenciales y legales deben ser concomitantes y aplicables a cada gremio que hubiera estado interesado en el proceso contractual".

Adicionalmente, la Contraloría encontró inconsistencias en la información de los resultados de los ciclos de vacunación al revisar la información presentada por Fiduagraria sobre los ciclos de vacunación de aftosa de 2017 y 2018, pues según el órgano de control había diferencias entre estos datos, el aplicativo SAGARI y BD reporte SAGARI respecto a la cantidad de predios y animales vacunados.

Otro de los hallazgos fue la transferencia y uso de datos personales, además de que la Contraloría criticó que solo se tuvo en cuenta el parámetro de representatividad por parte de Fedegan, y "no de los que podrían configurar la observancia del parámetro de organización, funcionamiento y estructura democrática interna, por lo que no sería viable la afirmación de la existencia de un solo gremio que cumpliera con los requisitos en mención".

Por otra parte, la Contraloría también advierte que en el contrato entre el Ministerio y Fedegan no se pactaron cláusulas excepcionales, lo que "constituye un riesgo para el patrimonio público, por cuanto ante eventuales incumplimientos por parte de Fedegan, el Ministerio no tendría los medios y herramientas necesarias para exigir el cumplimiento del contrato, así como, la posibilidad, de ser necesario, de imponer multas y darlo por terminado".

Documentos adjuntos

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE ECONOMÍA

Laboral 24/12/2025

El aumento de salario mínimo para 2026 será anunciado entre el 29 y 30 de diciembre

Variables como la inflación causada, proyectada, productividad y el salario vital que planteó el presidente Petro serán tenidas en cuenta para tomar la decisión.

Agro 26/12/2025

¿Cómo se ha comportó el precio del café durante los últimos días de diciembre?

La cotización de cierre de la bolsa, la tasa de cambio del día y el diferencial para el café colombiano influyen en el precio de venta

Hacienda 23/12/2025

Gobierno anuncia cambios en el impuesto al patrimonio por emergencia económica

De acuerdo con el funcionario, los patrimonios de hasta $2.000 millones quedarían exentos del tributo, e incluirían la vivienda habitual dentro del patrimonio