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De acuerdo con la entidad, este caso se trataría de supuestos contratos suscritos por concepto de campamentos y lotes de terreno.
La Contraloría General de la República informó que luego de una auditoría adelantada al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS-FNC), para las vigencias 2016 y 2017, se evidenciaron graves dificultades de la entidad con hallazgos fiscales por $14.635 millones.
"La Contraloría pudo evidenciar que durante la administración de Jaime Luis Lacouture Peñaloza, el Fondo de Pasivo Social – Ferrocarriles Nacionales de Colombia recibió ingresos por supuestos contratos de arrendamiento comercial, sin que se hubiese evidenciado el registro de los mismos en la cuenta contable de terrenos, y sin evidencia física de la existencia de los mismos, incumpliendo lo establecido en las normas de saneamiento contable, y normas y principios de contabilidad establecidos por la Contaduría General de la Nación", indicó el ente de control.
De acuerdo con la entidad, este caso se trataría de supuestos contratos suscritos por concepto de campamentos y lotes de terreno, sin que se pudieran evidenciar en los registros de la cuenta contable de terreros de la entidad.
"Se determinó que, entre las vigencias de 2016 y 2017, el FPS-FNC recibió ingresos por tales supuestos arrendamientos comerciales, pero según información suministrada por la propia Tesorería de la entidad, no se evidencia el registro en las cuentas contables la existencia de los supuestos bienes arrendados por el FPS-FNC", explicó.
En ese sentido, la Contraloría evidenció que entre uno de los arrendatarios involucrados aparece el consorcio Odebrecht, en donde Lacouture habría suscrito las prórrogas de unos contratos de arrendamiento como representante legal de la entidad.
"Llamó fuertemente la atención de la Contraloría la presencia como uno de los arrendatarios del FPS-FNC, el Consorcio Odebrecht, que sigue consignando sumas a favor de la entidad por supuestos cánones de arrendamiento, resaltándose que no hay registros ni evidencia de los supuestos bienes arrendados, ni de los folios de matrícula inmobiliaria que les correspondan", explicó el ente de control.
En ese sentido, la Contraloría pudo evidenciar unas inconsistencias en la información suministrada por las diferentes áreas de la entidad, lo cual genera incertidumbre frente al número de contratos suscritos y de los derechos registrados como deudores.
El ente de control aseguró que Lacouture Peñaloza figura como el presunto Responsable Fiscal dentro de esta investigación, luego de que fuera representante legal de la entidad para la fecha de los hechos.
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