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Natalia Gutiérrez, presidente del Consejo Gremial
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Natalia Gutiérrez, presidente del gremio, dijo que el Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no solicitar de forma masiva y preventiva la lógica interna de fijación de precios
Diversos sectores empresariales han manifestado su oposición a la solicitud realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que exige a varias compañías entregar información detallada sobre sus estructuras de costos y los mecanismos de fijación de precios. La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, señaló que esta medida podría resultar contraproducente para el sector empresarial.
De acuerdo con la líder gremial, la Constitución es clara al señalar que “el Estado no puede coadministrar empresas privadas”. En ese sentido, recordó que el artículo 333 protege la libertad económica y la reserva comercial, y enfatizó que vigilar los mercados no implica exigir información sobre la forma en que se fijan los precios o los márgenes empresariales.
Respecto a la solicitud hecha por la @sicsuper a empresarios de distintos sectores, con el objetivo de conocer información de los parámetros que usan las compañías para fijar sus precios y/o adoptar políticas de descuentos, me permito hacer algunas precisiones. Abro hilo 🧵…
— Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 5, 2026
Asimismo, aclaró que “el Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no solicitar de forma masiva y preventiva la lógica interna de fijación de precios, como si todas las empresas fueran sospechosas”. Para Gutiérrez, fiscalizar cuánto gana una empresa o cómo define sus políticas de mercado, sin indicios de ilegalidad, no solo resulta riesgoso, sino que además es inconstitucional.
En ese contexto, argumentó que el problema en el mercado colombiano no radica en que las empresas obtengan ganancias, sino en que “el Estado no ejecute”. A este pronunciamiento se sumaron otros gremios, como la Andi.
Bruce Mac Master, presidente del gremio de los industriales, también se refirió esta semana a la solicitud de la SIC. En un comunicado, el gremio aclaró que, si bien la entidad cuenta con la facultad de solicitar información a personas naturales o jurídicas, “dicha facultad debe ejercerse en los mismos términos que establece la ley”.
Explicaron que exigir este tipo de información a actores privados podría vulnerar el derecho a la libre empresa, así como la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales. Finalmente, señalaron que no existe una norma específica que otorgue a la SIC la facultad de inspeccionar aspectos como el margen de ganancia de las empresas o el uso de la tecnología que estas emplean.
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